Con el objetivo de reconocer, preservar y fortalecer la gastronomía tradicional del estado, se presentó ante el Congreso de Hidalgo una iniciativa para crear el Padrón Estatal de Cocineras y Cocineros Tradicionales, como un registro público y permanente que permita visibilizar su labor y facilitar el acceso a apoyos institucionales.

La propuesta fue presentada durante sesión ordinaria por la diputada Mónica Reyes Martínez, integrante de la bancada del Partido Nueva Alianza Hidalgo (Panalh), quien consideró que es una necesidad en la entidad proteger uno de los pilares de la identidad cultural de Hidalgo, su gastronomía.

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Durante la lectura de la iniciativa, Reyes Martínez expuso que la cocina tradicional no solo representa una actividad económica, sino una herencia cultural que se transmite de generación en generación y que, hasta ahora, ha permanecido en gran medida en la informalidad, sin mecanismos de reconocimiento ni acceso a programas de capacitación, certificación o comercialización.

La iniciativa plantea reformar la Ley de Cultura y Derechos Culturales del Estado para definir legalmente a las cocineras y cocineros tradicionales como personas reconocidas por sus comunidades por preservar saberes culinarios ancestrales.

Además, se propone que el padrón que se creará esté a cargo de la Secretaría de Cultura, con el apoyo de dependencias como Turismo y Desarrollo Económico y los ayuntamientos en los municipios.

Cocineras tradicionales, al centro de la agenda cultural en Hidalgo

Entre los objetivos del registro se encuentran documentar técnicas y recetas tradicionales, impulsar la participación de las personas registradas en ferias y festivales gastronómicos.

También se contempla una sección especial para mujeres cocineras, a fin de visibilizar su aportación histórica y garantizar su acceso prioritario a programas de autonomía económica.

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De aprobarse, la Secretaría de Cultura contará con plazos específicos para emitir lineamientos, habilitar una plataforma digital y coordinar acciones comunitarias, sin que ello represente un impacto presupuestal adicional para el estado.