Entre disputas y señalamientos, el pleno del Congreso de Hidalgo aprobó un conjunto de modificaciones al Código Penal y a la Ley de Salud de la entidad para permitir la despenalización el aborto antes de las 12 semanas de gestación.
Durante la sesión de ayer se registró una discusión entre el legislador panista Asael Hernández Cerón y el morenista Ricardo Baptista González —uno de los que presentaron la iniciativa—, en la que el blanquiazul usó la tribuna para acusar que dichas reformas no tuvieron un proceso legislativo apegado a derecho.
Además, integrantes de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social Hidalgo (PESH) también manifestaron su rechazo al planteamiento.
En tanto, los congresistas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Roxana Montealegre Salvador y Baptista González aseguraron que el dictamen de la iniciativa fue avalado en comisiones en apego a la Constitución.
La propuesta fue aprobada en la sesión de ayer con 16 votos a favor, de la bancada guinda, y una abstención, de Doralicia Martínez Bautista. El resto de los legisladores no sufragó.
El documento contempla que el proceso para interrumpir el embarazo será gratuito; además, indica que será competencia de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) prestar y supervisar el servicio.
Asimismo, el dictamen establece que la SSH tendrá la obligación de proporcionar información “objetiva y suficiente” sobre el procedimiento, por lo que deberá detallar sus consecuencias, efectos y alternativas, a fin de que las mujeres decidan de manera libre y consciente.
También contempla que la interrupción del embarazo será un delito si se realiza después de las 12 semanas y los responsables de inducirlo o practicarlo recibirán penas de entre seis meses y un año de prisión, así como de 10 a 40 días de multa.
Además, las modificaciones tipifican el delito de aborto forzado, que consiste en provocarlo sin el consentimiento de la embarazada y por el que se aplicarán sentencias de tres a siete años de cárcel y sanciones económicas de 40 a 150 días.
Este ilícito incluye una agravante, pues si la interrupción del embarazo es realizada por medios violentos, la pena aumentará a entre cuatro y nueve años, así como multas de 50 a 200 días.
La propuesta avalada ayer reformará los artículos 154, 155, 156, 157 y 158 del Código Penal para el Estado de Hidalgo y adiciona disposiciones a la Ley de Salud de la entidad.
El siguiente paso es que la Secretaría de Servicios Legislativos elabore el decreto correspondiente para enviarlo al titular del Poder Ejecutivo, que entrará en vigor al día siguiente de que se publique en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).
La de ayer fue la segunda ocasión en esta legislatura en que se votó sobre la despenalización del aborto, luego de que una iniciativa similar fuera discutida el 12 de diciembre de 2019; sin embargo, en aquella ocasión, el planteamiento fue rechazado con 15 sufragios en contra, 10 a favor y cinco abstenciones.
A nivel nacional, únicamente Oaxaca y Ciudad de México permitían la interrupción legal del embarazo, con lo que Hidalgo se convirtió en la tercera entidad en autorizarla. Otros estados solo la autorizan con causales específicas, como casos de violación o que el producto represente un riesgo para la salud de la madre.
Irving Cruz I Pachuca
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