El pasado 5 de mayo se cumplieron los primeros ocho meses de la gestión del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, periodo que se ha caracterizado por las acciones emprendidas para combatir el robo de combustible, así como por la investigación que se encuentra en curso derivado de desvío de recursos a nivel municipal.

Entre las operaciones para inhibir el huachicoleo, delito que lidera Hidalgo a nivel nacional, se han hallado tres túneles en menos de un mes: dos, en Cuautepec de Hinojosa —municipio que anteriormente ostentaba el primer lugar en esta actividad ilícita—, y el otro, en Tlaxcoapan.

De septiembre del año pasado a la fecha, la cantidad de combustible recuperado asciende a un millón 200 mil litros; asimismo, se han incautado 24 predios y se han puesto a disposición de las autoridades 170 personas, toda vez que se trata de un delito de índole federal.

Respecto al desvío de recursos, que se ha denominado Estafa Siniestra y cuyo monto de dinero distraído es de 522 millones de pesos hasta el momento, ya hay ocho alcaldes vinculados a proceso, tres de los cuales se encuentran en prisión preventiva.

Los ediles involucrados son acusados de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones, mediante el mismo modus operandi: hacer transferencias desde la Secretaría de Finanzas de Hidalgo a las cuentas de los ayuntamientos para dispersar el recurso a empresas fachada.

No solo alcaldes se encuentran involucrados en una presunta sustracción de recursos públicos, ya que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ha librado siete órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios estatales.

Por su parte, el Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado inició operaciones el 11 de marzo pasado, con la finalidad de administrar los recursos incautados en casos de corrupción, enajenación judicial y de extinción de dominio en el estado.

Yuvenil Torres I Pachuca