¿Por qué el Tribunal de Justicia Administrativa no puede actuar contra excontralor acusado por la Estafa Siniestra?
El exfuncionario César M. V., acusado de peculado y uso ilícito de atribuciones por el caso de desvío de recursos, fue detenido en Miami, Florida y no ha sido repatriado para enfrentar a la justicia
Por el momento, el tribunal no puede actuar contra el excontralor, dijo su titular
Foto: Archivo
El Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo (TJA) no puede avanzar en los procedimientos contra el excontralor estatal César M. V., acusado de presuntamente participar en la llamada Estafa Siniestra, debido a que todavía tiene el estatus de sustraído de la justicia y no ha podido ser notificado de los señalamientos en su contra.
En entrevista, el magistrado presidente, Salvador Franco Assad, explicó que, conforme a la ley, cualquier diligencia que se realice sin que el imputado esté debidamente notificado podría derivar en la anulación del proceso, al alegar violaciones al debido proceso.
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“Mientras no le podamos notificar, nosotros no podemos avanzar, porque si lo hacemos, él va a alegar la falta de debido proceso y, entonces, vendría la nulidad de todo lo actuado”, señaló durante la firma de un convenio entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial de Hidalgo.
¿El excontralor ha promovido amparos?
El magistrado afirmó que el excontralor no ha promovido ningún amparo en materia administrativa; sin embargo, los procedimientos que pueda iniciar dicha instancia se mantienen detenidos por la imposibilidad de hacerle llegar las notificaciones necesarias.
De esta manera, el tribunal no tiene margen de acción hasta que el excontralor comparezca ante las instancias pertinentes, lo que mantiene en pausa los procesos que buscan fincarle responsabilidades.
A casi cuatro meses de que autoridades estatales dieran a conocer la detención del excontralor, en Miami, Florida, Estados Unidos, sigue pendiente su llegada a la entidad, por lo que no ha respondido por los delitos de los que se le acusan, como peculado y uso ilícito de atribuciones. Según el gobernador Julio Menchaca, el proceso de deportación está “en stand by”.
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