Lo que comenzó como una historia de denuncias por violencia familiar y acusaciones de hostigamiento terminó en uno de los casos más impactantes registrados recientemente en Hidalgo
Más de un año después del feminicidio múltiple que estremeció a Hidalgo, el proceso judicial finalmente entró a una nueva etapa; sin embargo, detrás del crimen quedaron denuncias previas, señalamientos por presuntas omisiones, una familia marcada por la violencia y preguntas que todavía siguen abiertas.
Lo que comenzó como una historia de denuncias por violencia familiar y acusaciones de hostigamiento terminó en uno de los casos más impactantes registrados recientemente en Hidalgo.
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Un año y tres meses después de aquella mañana que sacudió a Azoyatla, Mineral de la Reforma, el expediente de Rosaura finalmente llegó a la etapa de juicio, aunque el caso dejó una discusión que se mantiene viva desde el primer día: si la tragedia pudo evitarse.
Antes del crimen ya existían antecedentes, pues Rosaura había denunciado a su expareja, Marco Antonio M. G., exelemento de Seguridad Pública de Mineral de la Reforma, quien enfrentaba señalamientos relacionados con violencia familiar y otros hechos.
Personas cercanas a Rosaura relataron posteriormente que durante meses vivió con miedo y bajo una constante sensación
de vigilancia.
Una amiga cercana señaló que el hombre presuntamente se presentaba en distintos lugares donde ella se encontraba y que la situación había generado preocupación desde tiempo atrás.
El caso ya había transitado por instancias judiciales y existían medidas legales derivadas de ese proceso; sin embargo, el 5 de febrero de 2025 la historia cambió drásticamente.
Aquella mañana se reportó un ataque en Azoyatla, que terminó en una tragedia.
Entre las víctimas mortales se encontraba Rosaura, así como su madre y uno de sus hermanos; además de los fallecimientos, el caso dejó una familia fracturada y a dos menores en la orfandad.
Horas después de los hechos, autoridades informaron sobre la detención del presunto responsable tras un operativo.
Conforme avanzaron los días, familiares, personas cercanas y distintos sectores comenzaron a cuestionar si las medidas implementadas previamente habían sido suficientes y si existieron fallas institucionales en el seguimiento del caso.
El expediente avanzó durante los siguientes meses entre audiencias y procedimientos judiciales.
Durante la audiencia intermedia por el feminicidio, el abogado del imputado presentó su renuncia durante el desarrollo de la diligencia, situación que modificó nuevamente el curso del proceso.
Mientras el proceso judicial seguía avanzando lentamente, en Azoyatla la vida comenzó a recuperar parte de su rutina.
Los patrullajes, que aumentaron después de los hechos, fueron disminuyendo con el paso del tiempo y el padre de Rosaura volvió a habitar la vivienda familiar donde ocurrió la tragedia, de acuerdo con un trabajo especial elaborado por Cármen Hernández, de esta misma casa editorial.
El tiempo avanzó: pasaron semanas, después meses y luego más de un año de los hechos.
El pasado 22 de mayo, comenzó formalmente una nueva etapa: el juicio contra Marco Antonio M. G., acusado de feminicidio, homicidio doloso calificado y homicidio doloso calificado en grado de tentativa.
Las audiencias se desarrollan de manera privada y entre los testimonios previstos se encuentran personas que estuvieron relacionadas directamente con los hechos y con la investigación, como los hijos de Rosaura y elementos de Seguridad.
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