Denuncias por aborto las realiza personal de salud, advierte activista
En su mayoría, son iniciadas por trabajo social o psicología, quienes incluso acosan al MP para que judicialice las carpetas, señala Ninde Moire, de Abortistas MX
De acuerdo con Ninde Moire, activista de la plataforma Abortistas MX, gran parte de las carpetas de investigación iniciadas por aborto son ingresadas por parte de personal de salud ante el Ministerio Público, lo cual incurre en una falta al respeto del secreto profesional.
La activista mencionó, que en muchos casos, dichos procedimientos no son iniciados directamente por el personal médico o de enfermería, sino incluso por parte de trabajadores sociales o de psicología, quienes inician las indagatorias hacia las mujeres “en un momento de vulnerabilidad”, lo cual genera un proceso de criminalización, e incluso, han detectado casos en los que existe presión por parte de dicho personal para el avance de las carpetas.
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“Hay varios ministerios públicos que conocen las decisiones de la Suprema Corte y no judicializan las carpetas, pero luego son acosados por el propio personal de salud que les está llamando para ver si ya avanzó la carpeta, para ver si ya dictaron alguna medida de privación de la libertad”, señaló.
Además, explicó que aunado a las carpetas iniciadas por aborto, existen otras alternativas utilizadas para la criminalización del procedimiento, como el homicidio por razón de parentesco, situación que sí puede avanzar hasta un proceso penal.
En Hidalgo, Di Ramona ha logrado disminuir la criminalización de carpetas
En tanto, en el caso en particular de Hidalgo, resaltó el trabajo de la asociación civil Di Ramona, que acompaña diversos procesos de aborto en la entidad, y la cual —dijo— ha logrado la disminución de dichas carpetas.
“Ahí el trabajo de Di Ramona ha sido muy vital, porque su línea telefónica ha permitido que las personas se informen. Entonces, pues, se han parado procesos criminalizadores sin necesidad de que llegue a ser una carpeta, sino en el hospital”, expuso.
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Sin embargo, señaló como “preocupante” que en otras regiones del estado, donde existe menor acceso a la información, continúen dichas prácticas de criminalización, sin la posibilidad de que las personas gestantes puedan defenderse.
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