Como un abuso del derecho penal calificó Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el que en Hidalgo aún se consideren la calumnia y la difamación como delito.

En conferencia de prensa en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), el virtual candidato al Senado por la coalición Por México al Frente expresó su punto de vista sobre el caso de Leonardo García Vázquez, quien fue denunciado por presunta difamación por la empresa Sylma SA de CV, propiedad de Silvia Rico Moreno, hermana del exsubsecretario de Obras Públicas Marco Antonio Rico.

“Es un abuso del derecho penal (…)  a nivel internacional se está haciendo una práctica de eliminarlos. Sería muy importante que Hidalgo homologara su legislación local para los compromisos de México en la agenda internacional”, agregó el activista en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (Icshu).

En caso de que una persona reciba sanción por estos ilícitos, puede recurrir a instancias federales e internacionales, en las cuales ganaría, ya que un código penal no puede estar por encima de la Constitución y tratados internacionales, mencionó el activista.

El capítulo sexto del Código Penal de Hidalgo establece los delitos contra el honor y la penalidad para quien la comete.

En el artículo 191 de la norma local se detalla que incurre en difamación quien, “mediante comunicación dolosa a otro, impute a una persona física o colectiva un hecho que cause a ésta descrédito, deshonra o afecte su reputación, se le impondrá prisión de tres meses a dos años o una multa de 15 a 150 días”.

Asimismo, según el 194, comete calumnia aquel que “impute falsamente a otro un hecho que la ley califique como delito, a sabiendas de que éste no existe o de que el imputado no es responsable del mismo, se impondrá prisión de tres meses a dos años y multa de cinco a 50 días”.

HECHOS

8 noviembre y 21 de diciembre de 2016: Se publicaron dos notas en las que García acusa problemas en su patrimonio a causa de una vivienda mal construida por Sylma. Susana González López, representante legal, lo demandó.

27 de julio de 2017: Animal Político publicó que dos constructoras en Hidalgo (Sylma y Crimsa) fueron beneficiadas cuando Marco Antonio Rico Moreno, copropietario de la última, era subsecretario de Obras.

11 de enero: Agentes de la fiscalía local se presentaron en el Estado de México para aprehender a García, señalado por el probable delito de difamación, para traerlo a Hidalgo.

Marisol Flores I Pachuca