A dos años de su puesta en operación, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez acumulan cuatro despidos injustificados de docentes en Hidalgo, de los cuales, dos demandaron al gobierno federal.
Entre julio y agosto de este año, los maestros fueron dados de baja de los planteles de Chilcuautla y Francisco I. Madero.
Lizeth Guadalupe Sandoval y Gerardo Reyes Moreno están entre los cesados y este último afirmó que, tras casi año y medio de prestar sus servicios, fue destituido, con el argumento de que no cumplía con el perfil, a pesar de que, en su formación docente, cuenta con 17 años de experiencia.
El 19 de julio, abundó, estando frente a grupo, fue notificado de su situación, por lo que ni siquiera pudo terminar de dar clase.
Ambos maestros acudieron a la Coordinación General de las Universidades para el Bienestar, en Michoacán, pero no fueron atendidos por la titular, Raquel Sosa Elízaga.
Ante el rechazo, fueron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, donde el asunto tampoco prosperó, debido a que no asistieron a las pláticas “las personas indicadas” para negociar.
Por ello, decidieron ingresar la demanda por despido injustificado en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y esperan resolución.
Agregó que las autoridades educativas, cada seis meses, les hacían firmar nuevos contratos “en blanco”.
Destacó que el proyecto “es noble”, ya que busca brindar educación a jóvenes que por algún motivo económico o de marginación han estado excluidos de la educación; sin embargo, consideró que, en los últimos meses, se ha dado prioridad a profesores sin perfil, e incluso que guardan relación con los directivos, como es el caso de la subcoordinadora del plantel de Francisco I. Madero, quien es sobrina del director.
Al respecto, el titular en Hidalgo de la Delegación de Programas para el Bienestar, Abraham Mendoza Zenteno, reconoció que los contratos de docentes se realizan cada determinado tiempo; es decir, “son finitos”.
Afirmó que la permanencia de los maestros dependerá de su desempeño y “disposición para el trabajo”, lo que determinará su recontratación, y por ende, su permanencia.
Por otra parte, de los ocho planteles que el gobierno federal proyectó para Hidalgo, solamente los de Huasca de Ocampo y Chilcuautla cuentan con instalaciones propias; mientras, los de Ajacuba, Francisco I. Madero, Jacala, San Felipe Orizatlán, Tlanchinol y Yahualica funcionan en sedes alternas y provisionales.
La pandemia por Covid-19 ha impedido avanzar en las instalaciones; no obstante, el funcionario federal estimó que a finales de este año o en el primer bimestre del próximo podría contarse con los inmuebles definitivos, ya que el presupuesto está asegurado.
Sobre la matrícula, dijo que es variable; por ejemplo, una de las más numerosas es la de San Felipe Orizatlán, que atiende a 400 estudiantes.
Las Universidades para el Bienestar suman 140 planteles en el país, de las 100 que se tenían planeadas al inicio.
Yuvenil Torres I Pachuca
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