Congreso de Hidalgo aprueba unidad especializada para combatir la extorsión

Hidalgo contará con una nueva unidad especializada para investigar y prevenir la extorsión. Conoce todos los detalles

Imagen: Luis Godínez
 
Hace (4) meses
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Imagen: Congreso de Hidalgo aprueba unidad especializada para combatir la extorsión

La aprobación de la unidad especializada marca un hito en el compromiso de Hidalgo con la seguridad pública

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El Congreso de Hidalgo aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público enviada apenas hace unos días por el gobernador Julio Menchaca Salazar con el objetivo de fortalecer el combate al delito de extorsión mediante la creación de una unidad especializada dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

Con la modificación propuesta por el mandatario estatal y aprobada con 26 votos por las y los legisladores locales, se adiciona un segundo párrafo al artículo 13 para establecer que la PGJEH deberá contar con un área integrada por ministerios públicos, policías y analistas especializados, quienes estarán capacitados y certificados para investigar este tipo de delitos.

La reforma busca armonizar la legislación estatal con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2025, la cual establece que las fiscalías y procuradurías del país deben contar con unidades especializadas para atender este delito.

La creación de una unidad especializada

De acuerdo con el dictamen aprobado en sesión ordinaria este martes 10 de marzo, la extorsión ha registrado un incremento en México durante el primer trimestre del año, actividad delictiva que afecta principalmente al sector empresarial y a las micro, pequeñas y medianas empresas, según datos difundidos por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La creación de esta unidad especializada permitirá ampliar las investigaciones, mejorar la coordinación con autoridades federales y ofrecer una atención más eficaz a víctimas del delito.

Tras la aprobación del decreto, la Procuraduría General de Justicia del Estado tendrá hasta un año para realizar las adecuaciones administrativas y reglamentarias necesarias para formalizar la operación de esta unidad especializada.

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