La diputada Doralicia Martínez Bautista propuso modificaciones al Código Penal del estado en materia de extorsión para castigar el delito de “cobro de derecho de piso” con una pena de seis a 15 años de prisión y multa de hasta 750 días de salario mínimo; es decir, 106 mil 275 pesos.
En su exposición de motivos, explicó que los micro, pequeños y medianos empresarios (Mipymes) se ven obligados a pagar dicha “cuota” para evitar ser agredidos por esos grupos delincuenciales, pues de lo contrario pueden ser víctimas de despojos, fraudes, secuestros, homicidios y daño en propiedad.
Asimismo, dijo que ese tipo de extorsión inhibe la instalación de nuevos negocios y, por ende, la creación de empleos, pues “muchas veces los propietarios de comercios se ven obligados a cerrar ante los ilegales y altos cobros que llegan a exigir”.
En ese sentido, propuso sanciones para las personas que realicen el cobro utilizando armas o instrumentos que puedan causar daño físico a la víctima; usen como medios para cometer el ilícito la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro me-dio de comunicación y/o logre que la víctima o un tercero entregue dinero o bienes por cobro de cuotas de cualquier índole.
Además, cuando el autor sea o haya sido integrante de alguna corporación de seguridad pública o privada, miembro de instituciones de procuración de justicia o simule serlo, o se ostente por cualquier medio como integrante de la delincuencia organizada para lograr su pretensión se aumentaría en una mitad los mínimos y máximos de las penas.
También se les impondría la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación para desempeñar otro hasta por el máximo de la pena privativa de la libertad.
La iniciativa fue turnada a la primera Comisión de Seguridad Ciudadana y Justica para su estudio, análisis y resolutivo.
Adela Garmez Pachuca
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