Caso Zimapán: niñas vivieron amenazas, negligencias y consecuencias físicas, asegura su tía
Caso Zimapán revela negligencias, amenazas y secuelas graves en menores víctimas de abuso
La tía de las menores víctimas en Zimapán denunció negligencia en peritajes y falta de justicia, pese a pruebas médicas contundentes
El caso de presunto abuso sexual infantil ocurrido en Zimapán, Hidalgo, continúa generando indignación, luego de que Aylen Trejo, tía de las dos menores afectadas, ofreciera una cronología detallada del proceso judicial, en el que se denunciaron omisiones, amenazas y consecuencias físicas severas para las víctimas.
De acuerdo con Trejo, la primera valoración médica fue realizada por la perito Alma Virgen Pineda Vargas, originaria de Ixmiquilpan. Sin embargo, dicha intervención motivó la apertura de una carpeta de investigación en su contra por presunta omisión.
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Fue el 18 de junio de 2022 cuando Aracely Ramírez Martínez practicó una segunda evaluación a las niñas. Según Trejo, existe un video en el que la perito confirma la existencia de violación. Posteriormente, la propia Ramírez fue acusada de recibir un soborno por parte de William Trejo, señalamiento que negó públicamente.
Acusaciones contra la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo
El 20 de junio, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, entonces encabezada por Alejandro Habib Nicolás, atrajo el caso. Aylen Trejo denunció que en esa etapa desaparecieron la carpeta de investigación y los primeros dictámenes médicos, lo cual obligó a repetir las valoraciones clínicas.
Las nuevas revisiones estuvieron a cargo de las peritas Miriam Ambriz Pérez y Aida Guadalupe Ramírez Martínez, quienes determinaron que no existían afectaciones psicosociales ni conocimiento sexual anormal en las menores. No obstante, Trejo cuestionó esta conclusión, ya que una de las niñas describió actos explícitos que no correspondían con su desarrollo cognitivo. Estas evaluaciones fueron realizadas apenas tres días después del dictamen de Ramírez Martínez.
El 24 de junio, las menores fueron llevadas al área médica del DIF estatal, donde se les practicaron diversos estudios, incluida una biopsia. Los resultados confirmaron la presencia de una enfermedad de transmisión sexual y daños físicos en los esfínteres. Pese a ello, los presuntos responsables no fueron vinculados a proceso.
Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso y llevó a cabo nuevos peritajes a través de personal especializado. Las entrevistas se realizaron en tres sesiones con métodos adaptados a la infancia, bajo condiciones de aislamiento, sin contacto con personas involucradas ni con el exterior.
Según la tía de las víctimas, las menores no modificaron sus declaraciones iniciales, pero ampliaron los detalles sobre los hechos, incluyendo descripciones precisas de objetos y espacios. También señaló que, a diferencia de las valoraciones estatales —que duraron en promedio 15 minutos—, las realizadas por la FGR se extendieron hasta ocho horas.
Durante el periodo en que las niñas permanecieron bajo custodia de la Procuraduría estatal —dos meses—, enfrentaron amenazas, persecución en vehículos y al menos un intento de atentado contra sus vidas. Posteriormente, fueron trasladadas a un refugio durante un año y medio, y finalmente a un espacio con mayor atención psicológica.
Aylen Trejo informó que las menores presentan secuelas graves. La mayor requiere una cirugía para extirparle la matriz, debido a una infección por el virus del papiloma humano, presuntamente contraída durante las agresiones. En tanto, la menor, de cinco años, ha intentado suicidarse en varias ocasiones.
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