De acuerdo con el Contralor estatal, derivan de 71 carpetas, 42 de ellas por malversación de recursos extraordinarios

Se investigan responsabilidades administrativas graves de servidores públicos y particulares vinculados con hechos de corrupción, dijo Bardales
La Secretaría de la Contraloría de Hidalgo ha iniciado, desde el principio de la administración, 71 denuncias penales por delitos de peculado, negociaciones indebidas y desvío de recursos públicos, que representan 2 mil 200 millones de pesos, de los cuales se han recuperado 194 millones de pesos.
Al comparecer ante el Congreso local, el titular de la Contraloría estatal, Álvaro Bardales Ramírez, informó que las 71 denuncias, 42 son por desvío de recursos extraordinarios contra proveedores y exfuncionarios de siete dependencias de gobierno, tres organismos y 10 ayuntamientos.
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De manera paralela, se emitieron 152 resoluciones sancionatorias y se investigan responsabilidades administrativas graves de servidores públicos y particulares vinculados con hechos de corrupción.
Derivado de lo anterior, se iniciaron 29 procedimientos de responsabilidad administrativa remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa y se encuentran inscritas 411 sanciones en el Registro de Servidores Sancionados.

Respecto al Padrón de Proveedores y Contratistas del Estado de Hidalgo, mencionó que, mediante una revisión de mil 73 expedientes, se determinó la baja temporal de 455 de los primeros y 480 de los segundos, además de la cancelación de ocho empresas.
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Mediante dicha revisión, actualmente, el Padrón de Proveedores y Contratistas cuenta únicamente con 567 registros, apuntó el contralor.
En materia de fiscalización de recursos públicos, mencionó que las acciones incrementaron 60 por ciento, mediante 262 auditorías “exhaustivas”, así como la solventación de 124 millones de pesos ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), más 490 millones solventados a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En el tema de Declaración Patrimonial, indicó que se registró 99.6 por ciento de cumplimiento de los servidores públicos.
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