La LXV Legislatura local aprobó, con 20 votos a favor, la Ley de Responsabilidad Patrimonial estatal, la cual tiene como finalidad la implementación de un mecanismo que proteja a los ciudadanos para garantizarles que, en caso de que el estado con motivo de sus actividades administrativas y regulares cause daños a los bienes de particulares, les garantice una indemnización.
De acuerdo con el diputado Miguel Ángel Martínez Gómez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en Hidalgo hacía falta dicha legislación, puesto que ya existe un ordenamiento federal en la materia.
De igual forma, se aprobó la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, la cual tiene entre sus finalidades el hecho de establecer sanciones para los trabajadores que causen perjuicios por su actuar, por lo que contemplará parámetros que evaluarán el hecho cometido y con ello se realizará una multa.
Este nuevo marco jurídico también fue visto por los legisladores como un mecanismo que abonará a combatir la corrupción en los diferentes niveles de gobierno.
Irving Cruz I Pachuca