Aprueba Congreso de Hidalgo la reforma constitucional en materia de salarios dignos
Las modificaciones constitucionales, a decir del diputado Juan Pablo Escalante Urban, encargado de leer el decreto, tienen el objetivo de reducir la brecha salarial entre sectores como el educativo, de seguridad y salud
Durante sesión ordinaria realizada este lunes por la mañana, la LXVI Legislatura de Hidalgo avaló la reforma constitucional en material de salario mínimo promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que fue aprobada hace unos días por el Senado de la República.
Tras llegar al Congreso de Hidalgo, el dictamen que contempla que el salario mínimo en México esté por encima de la inflación, fue discutido por el pleno de asambleístas hidalguenses.
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Las modificaciones constitucionales, a decir del diputado Juan Pablo Escalante Urban, encargado de leer el decreto, tienen el objetivo de reducir la brecha salarial entre sectores como el educativo, de seguridad y salud, cuyos trabajadores ganan menos de lo registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Por ello, la reforma contempla que reciban un salario igual o superior al promedio de los trabajadores del IMSS, como un acto de justicia social.
Luego de la adhesión a favor de las diversas bancadas del Poder Legislativo hidalguense, como la del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), quienes manifestaron su apoyo a la reforma, el dictamen se aprobó por unanimidad.
¿En qué consiste la reforma constitucional en materia de salarios?
El aumento salarial para maestros, médicos y policías será una realidad a partir del próximo año, tras la aprobación unánime del Senado de la República a una reforma que busca igualar los ingresos de estos trabajadores esenciales al salario promedio registrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que actualmente se ubica en 16 mil 777 pesos.
Esta medida fue presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de garantizar salarios dignos para sectores esenciales como la educación, la salud y la seguridad pública. La reforma modificará el apartado B del Artículo 123 de la Constitución, y tendrá un impacto positivo en las condiciones laborales de los servidores públicos que hasta ahora reciben ingresos notablemente inferiores al promedio nacional.
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