Ejidatarios y transportistas exigen intervención del gobierno estatal para resolver crisis en minas

Manifestantes bloqueando el bulevar Santa Catarina en Pachuca, exigiendo justicia ante el conflicto sindical en Zimapán
Un conflicto sindical que afecta a las seis empresas mineras de Zimapán ha escalado a una protesta masiva, con un bloqueo en el bulevar Santa Catarina, a la altura de la Ciudad del Conocimiento en Pachuca, justo en el cruce con la carretera Pachuca-Actopan. Los inconformes, entre ellos ejidatarios y líderes transportistas, denuncian amenazas y pérdidas económicas millonarias tras el cierre de las minas, derivado de la intromisión de un sindicato que tanto las compañías como los trabajadores rechazan.

A partir de las 16:00 horas, los manifestantes arribaron a la capital hidalguense para exigir la intervención urgente del gobierno estatal y federal. Con pancartas en mano, pidieron protección y acciones inmediatas para garantizar la seguridad de los trabajadores y sus familias, quienes aseguran haber recibido amenazas por oponerse a las operaciones del sindicato.
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El impacto económico del cierre es devastador. Según trabajadores de las empresas mineras de Zimapán, tres días de inactividad han generado pérdidas cercanas a los 900 mil dólares, una cifra que podría incrementarse de mantenerse el conflicto. Estas empresas, que generan alrededor de 7 millones de dólares mensuales en ventas, son un pilar económico no solo para Zimapán, sino para toda la región.
Entre las principales demandas de los inconformes se encuentra el rechazo al sindicato, la protección para los trabajadores amenazados y la reactivación inmediata de las actividades mineras. Además, subrayaron la urgencia de que las autoridades medien para garantizar un acuerdo justo y evitar un colapso económico en la región.
La mañana de este jueves, habitantes de Zimapán realizaron una manifestación para denunciar la llegada de un sindicato foráneo, presuntamente armado, que intenta trabajar una mina local de cuarzo.
De acuerdo con los inconformes, dicho organismo no cuenta con ningún tipo de permiso estatal ni federal, pero solo es el vehículo para cobrar a otros mineros y ejidatarios.
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