Acusan hostigamiento laboral en la Ensupeh

Además de los casos de corrupción y racismo que han sido denunciados en la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo (Ensupeh), también hay señalamientos formales en contra del subdirector administrativo del plantel, Juventino Godínez Hernández, por acoso laboral y discriminación, los cuales fueron vertidos por un docente.

De acuerdo con un testimonio en posesión de Criterio, al maestro investigador de la Ensupeh Mario García Baltazar presuntamente se le hizo trabajar estando incapacitado, además de que fue agredido verbalmente e, incluso, hubo un supuesto intento de agresión física cometida el 1 de mayo de este año.

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Este medio de comunicación posee una copia de una carpeta de investigación abierta por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) con registro de número único de caso 12-2024-06784, puesto que Juventino Godínez Hernández, subdirector administrativo fue acusado del delito de discriminación.

Derivado de dicho recurso legal, la PGJEH implementó medidas de protección en favor de la víctima y en contra del funcionario señalado, las cuales consisten en la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia al ofendido, a quien brindaron vigilancia en su domicilio, además de tener auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales en el momento en que lo solicite. Estas medidas fueron autorizadas el 7 de mayo de este año y contaron con una duración de 60 días.

Previo a la presentación de dicho recurso legal, el denunciante también ingresó un oficio a la presidencia de la República, con atención a Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el cual expuso que fueron violentados sus derechos laborales, puesto que han cometido hostigamiento y discriminación en su contra.

Pese a los múltiples señalamientos, Juventino Godínez Hernández se ha mantenido como subdirector administrativo de la Ensupeh desde abril de 2014, a pesar de que también fue una de las autoridades señaladas en 2022, cuando alumnos y personal docente acusaron mal uso de las convocatorias para la asignación de plazas y carga de trabajo, además de falta de escalafón e incumplimiento de normas y reglamentos.