A pesar de que el robo de combustible a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) es uno de los delitos con mayor incidencia en Hidalgo, y que las autoridades suponen complicidad entre empleados y ordeñadores, en 15 años sólo dos trabajadores de la paraestatal han sido sancionados por estar involucrados en este delito, el cual, tras la última reforma constitucional, se sanciona con 15 a 25 años de prisión y multas de 15 mil a 25 mil días de salario mínimo. 

En los dos casos, que datan de 2008, la sanción que recibieron estos trabajadores fue la suspensión del servicio, además de ser puestos a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades, reveló a Criterio la Secretaría de la Función Pública (SFP) en respuesta a una solicitud de información (folio 0002700126315).
La dependencia solicitó, a petición de este medio, al Órgano Interno de Control en Pemex Refinación que hiciera público su Registro de Servidores Sancionados, “en el que se desprende que se tienen 84 expedientes (contra funcionarios) por estar involucrados en el robo de hidrocarburo”.
El recuento, que documenta inhabilitaciones, amonestaciones públicas y privadas, destituciones y penalización económica por casos en 17 entidades, inicia el 1 de enero del 2000 y culmina el tercer bimestre de 2015.
En este periodo, tan sólo en Hidalgo, que cuenta con mil 163 kilómetros de ductos en 35 municipios, se registraron 665 robos a la empresa petrolera, hasta el corte de septiembre del año anterior.
El registro estadístico que la SFP envió a Criterio revela que en 2014 y 2015 no hubo sanciones en el país contra empleados de la empresa productiva del Estado. Las últimas datan de 2012, cuando cinco empleados fueron suspendidos en Tamaulipas, y 2013, con otra suspensión en Chihuahua.
La procuradora general de la república, Arely Gómez, dio a conocer durante su participación en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el pasado 19 de diciembre, que entre 2013 y 2015 detectaron más de 6 mil tomas clandestinas en el país.
Dicho delito, explicó, representa un quebranto al país de 40 millones de pesos al año.