Las demandas por despido injustificado contra el gobierno estatal durante 2017 sumaron 126, dijo la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Hidalgo, María de los Ángeles Eguiluz Tapia.

De ellas, dos han concluido: una por conciliación y otra por dimisión, especificó la funcionaria, quien dijo que todas las demás están en proceso.

En entrevista, la funcionaria afirmó no tener la cifra del monto económico que representa cubrir las demandas laborales derivadas de la reingeniería de la administración estatal, hasta que no exista resolución. 

“¿Para qué les digo números alegres? Va a depender de hasta que ya lo tengamos resuelto. Yo te voy a poder decir cuánto cuesta una demanda (…), pero habría que ver si procede o no, una cantidad como tal no me atrevo a decirla”, expuso Eguiluz Tapia.

Señaló que, hasta este momento, 124 procesos se encuentran en el Tribunal Estatal de Arbitraje, con la “característica” de que son supuestos ceses de sus actividades.

Esas querellas provienen de burócratas removidos por la administración estatal en el procreso que la Secretaría Ejecutiva de la Política Publica denominó de reingeniería, que reportó unas mil remociones y un ahorro de 100 millones de pesos, según su titular, Israel Félix Soto.

En el Tribunal Estatal de Arbitraje, durante 2017, recibieron mil 377 demandas; de ellas, 172 son contra dependencias y organismos descentralizados, la mayoría a la Secretaría de Educación Pública en Hidalgo (SEPH),   por “la cantidad” de trabajadores que tiene, explicó.

La falta de prestación o impago de bono, demanda de jubilación o incluso cuestiones escalafonarias son los principales asuntos por los que los trabajadores al servicio del estado acuden a esa instancia, agregó.

MUNICIPIOS

La secretaria del Trabajo afirmó que hay 303 demandas contra municipios por supuestos despidos injustificados, incidencias que reportan un aumento, pues en 2016 reportaron 249 que involucraban a gobiernos locales.

Tribunal de Arbitraje se encarga de tramitación y resolución de los conflictos laborales que se susciten entre trabajadores burocráticos y titulares de las instituciones públicas.