Hidalgo: Activista acusa a Parra Bonilla de violar la secrecía de su expediente en la CDHEH

La activista Haydee Franco Moreno solicitó una reunión al Congreso de Hidalgo para dar a conocer las presuntas violaciones institucionales que, contra su persona, ha ejercido la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Ana Karen Parra Bonilla, y en caso de no tener respuesta, dijo, analiza una denuncia penal en contra de la ombudsperson por “violación a la secrecía de su expediente”.

En conferencia de prensa virtual, explicó que, en su comparecencia ante el Poder Legislativo en agosto de 2023, la titular del organismo utilizó la tribuna para desacreditarla, situación que le provocó un daño emocional y sin que tuviera la posibilidad de defenderse.

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“Desacreditarme públicamente, por hablar públicamente sobre mi expediente de víctima protegida internacional y señalar que mi queja estaba mal fundamentada y que nunca debió iniciarse”, expuso.

Por ello, solicitó que se convoque a una reunión al Congreso de Hidalgo, a la Contraloría Interna de la CDHEH, junto con la activista, para que se exponga lo ocurrido y se realicen las indagatorias correspondientes.

Igualmente, Franco Moreno pidió que las pruebas se analicen con transparencia y el Poder Legislativo emita un posicionamiento, por lo que pide una respuesta de los diputados locales.

Ha solicitado su expediente a la visitaduría de la CDHEH, sin éxito

Asimismo, la activista señaló que ha solicitado su expediente a la Visitaduría General de la CDHEH, que actualmente encabeza Briseida Eugenia Martínez Rosales; sin embargo, no se lo han proporcionado.

Incluso, explicó que, por la negativa, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) acató una orden de aprehensión en contra de la funcionaria, aunque solo fue por tres horas, pues la visitadora fue cambiada de área.

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Haydee Franco denunció violencia vicaria ejercida por Jaime “N”, quien laboró en la Secretaría de Seguridad Pública. Actualmente la activista se encuentra en Estados Unidos, en calidad de víctima protegida, tras acreditar violencia institucional.

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