La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde para aplicar un decreto de Trump que elimina la ciudadanía automática para hijos de migrantes. Sin embargo, 22 estados presentaron demandas y mantendrán vigente el derecho por nacimiento en sus territorios

The New York Times reveló que Trump firmó una orden para usar al Ejército contra cárteles en América Latina. Foto: AFP
Este viernes 27 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que podría transformar radicalmente el acceso a la ciudadanía estadunidense. La decisión limita la capacidad de jueces individuales para emitir órdenes judiciales de alcance nacional, eliminando un importante obstáculo legal para la implementación de decretos presidenciales.
Entre ellos, destaca uno impulsado por Donald Trump, que busca eliminar el derecho automático a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados.
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Esta medida pondría fin a la interpretación tradicional de la Enmienda 14 de la Constitución, la cual garantiza que toda persona nacida en territorio estadunidense adquiere automáticamente la ciudadanía. Trump sostiene que este derecho ha sido malinterpretado y que los hijos de personas que se encuentran ilegalmente en el país no deberían estar incluidos.

No obstante, el decreto no aplicaría de forma uniforme en todo el país. Un total de 22 estados han interpuesto demandas legales para evitar que esta reforma se implemente en sus territorios. Esto significa que, en dichos estados, los hijos de migrantes seguirán siendo reconocidos como ciudadanos estadunidenses por nacimiento.
Los estados que han decidido mantener la ciudadanía automática son: Arizona, California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin.
La medida, de ser aplicada, no afectaría a las personas que ya cuentan con la ciudadanía, sino únicamente a nacimientos futuros, comenzando 30 días después de su entrada en vigor.
El debate en torno a la ciudadanía por nacimiento pone en juego no solo aspectos legales, sino también sociales y humanitarios. Millones de familias migrantes podrían verse directamente afectadas dependiendo del estado en el que nazcan sus hijos. Mientras tanto, los tribunales seguirán siendo escenario de una de las batallas más relevantes de la política migratoria en Estados Unidos.
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