Sheinbaum comparó los 2.5 mil mdd de García Luna con el costo del tren Pachuca-AIFA

Para ilustrar la magnitud del esquema de corrupción ejercido por el exfuncionario, la presidenta usó como referencia su proyecto federal

Imagen: Lizania Zavala
 
Hace (12) meses
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Imagen: Sheinbaum comparó los 2.5 mil mdd de García Luna con el costo del tren Pachuca-AIFA

El gobierno de México toma acciones firmes tras la sentencia a García Luna en Estados Unidos / Foto: Archivo

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En la conferencia matutina de este 23 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el caso de Genaro García Luna y su esquema de defraudación millonaria. La mandataria explicó que los 2.5 mil millones de dólares que se le están demandando al exfuncionario, equivalen a aproximadamente 48 mil millones de pesos.

Sheinbaum resaltó que esa cantidad, si se destinara a programas sociales, sería suficiente para financiar un año completo del programa de pensiones para mujeres.

Además, comparó esa cifra con el costo similar del proyecto del tren Pachuca-AIFA, que incluye vías, pago a trabajadores y otros gastos. La mandataria señaló que, con ese monto, se podría construir toda esa infraestructura, con la finalidad de poner en perspectiva la magnitud del esquema de corrupción.

En la misma conferencia, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, ofreció detalles sobre el proceso legal que ha seguido la Fiscalía mexicana en colaboración con las autoridades de Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que parte del dinero sustraído en el esquema de corrupción se utilizó para campañas políticas. Además, detalló que 15 empresas están siendo investigadas por su participación en actividades de lavado de dinero relacionadas con este esquema.

Gómez destacó que, mientras en Estados Unidos García Luna y su esposa deben pagar casi 2,5 mil millones de dólares al gobierno mexicano, en México se le otorgó un amparo a Linda Cristina Pereyra para que pueda utilizar el sistema financiero libremente. El funcionario aseguró que esa situación se resolverá en breve y que las investigaciones continuarán para esclarecer el destino final de los recursos.

Asimismo, precisó que la sentencia emitida el pasado jueves 22 de mayo se refiere a una cantidad que triplica los 250 millones de dólares que se demandaron a García Luna, así como a los 1,740 millones de dólares que se impusieron a Linda Cristina Pereyra.

El proceso legal contra García Luna y su esposa

De acuerdo con los informes, durante el periodo de 2009 a 2018, García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, fueron responsables de contratos irregulares con dependencias como la Policía Federal, el CISEN y el Organismo de Prisiones. Estos contratos ascendieron a 625 millones de dólares y 93 millones de pesos mexicanos.

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García Luna enfrentando una sentencia millonaria por sus actos de corrupción en Estados Unidos / Foto: Especial

Cuando las autoridades mexicanas sospecharon sobre las irregularidades en estos contratos, se interpusieron demandas en Estados Unidos, específicamente en el estado de Florida, donde García Luna y su esposa tenían propiedades. El gobierno mexicano, apoyado por las autoridades estadounidenses, logró que las propiedades fueran transferidas al país, y García Luna y su esposa fueron demandados por 250 millones de dólares y 580 millones de dólares, respectivamente, en relación con los montos involucrados en las prácticas corruptas.

El proceso legal se intensificó cuando la juez estadounidense dictó una sentencia final de 748.8 millones de dólares contra García Luna y 1,740 millones de dólares contra su esposa. Esta decisión refleja no solo el fraude cometido por García Luna, sino también las implicaciones que tuvo para las instituciones mexicanas, ya que las empresas involucradas operaban con recursos públicos.

Aunque el juicio de García Luna se centró principalmente en su gestión como funcionario público en México, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que las pruebas reveladas durante el proceso evidencian un sistema de corrupción que incluyó a otros funcionarios y sectores del gobierno de Felipe Calderón y, en menor medida, de Enrique Peña Nieto.

La presidenta mencionó que, a pesar de los avances en la justicia internacional, en México aún persisten obstáculos legales, como los amparos que impiden el acceso a los fondos que fueron descongelados.

El caso también ha involucrado a una serie de empresas, como Nunvav Inc. y Nice Systems Ltd., que estaban vinculadas a diversas dependencias gubernamentales y operaban dentro de los esquemas de corrupción.

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