La cantidad de crudo derramado en el mar en Perú fue el doble de lo que se había informado hasta ahora, anunció este viernes el gobierno, horas después de que la justicia prohibiera salir del país por 18 meses a cuatro directivos de la petrolera española Repsol.
“Tenemos una cifra ya hasta el momento de 11.900 barriles” vertidos al mar el 15 de enero, en vez de los 6.000 informados hasta ahora, dijo el ministro de Medio Ambiente, Rubén Ramírez, en rueda de prensa.
El derrame, calificado como “desastre ecológico” por el gobierno peruano, ocurrió mientras el buque tanque “Mare Doricum”, de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla en Ventanilla, 30 km al norte de Lima, de propiedad de Repsol. La empresa atribuyó el accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga.
En tanto, el viceministro de Medio Ambiente, Alfredo Mamani, ratificó que “el nuevo estimado es de 11.900 barriles, como dijo el señor ministro”.
La mancha negra de crudo ha sido arrastrada por las corrientes marinas a unos 140 km al norte de la refinería, según la fiscalía, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces y aves marinas.
Además, dejó sin trabajo a cientos de pescadores artesanales, que han protagonizado protestas contra la compañía española.
“A la fecha se tiene ya 4.225 barriles recuperados” del mar y de las playas, poco más de un tercio del total, explicó el viceministro Mamani.
La justicia peruana prohibió este viernes salir del país durante 18 meses a cuatro directivos de la petrolera, entre ellos el presidente de Repsol Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena, mientras avanzan las investigaciones del derrame.
“Se declara fundado el requerimiento de la fiscalía”, dijo el juez Romualdo Aguedo en una audiencia virtual, al dictar la orden para prohibir la salida de los cuatro directivos.
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El “Mare Doricum” ahora está fondeado, con prohibición de zarpar, a unas seis millas del puerto del Callao, contiguo a Lima, mientras cientos de brigadistas limpian el crudo en una veintena de playas.
También a funcionarios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que depende del Ministerio del Ambiente, y al ente técnico supervisa las inversiones en energía (Osinergmin).
Agencia AFP
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S.G.M.A.
