Las nuevas políticas que Donald Trump trata de imponer para frenar la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos son inviables e ilegales para la región, consideraron expertos.

De hecho, sostuvieron, todo apunta a que los gobiernos de aquella región solamente le están siguiendo el juego político al inquilino de la Casa Blanca, de cara a las elecciones de 2020, sin importar el costo en materia de derechos humanos para las personas que huyen de sus países en busca de una vida mejor.

Luego de forzar a México para que se convirtiera en un Tercer País Seguro, pese a que no se firmó ningún acuerdo, Washington comenzó a buscar lo mismo con Guatemala, Honduras y El Salvador, países en los que los ciudadanos se ven obligados al desplazamiento debido a la violencia, la pobreza y la criminalidad.

“Pensar que Guatemala pueda ser realmente un Tercer País Seguro es inviable, en virtud que no tenemos la institucionalidad suficientemente fuerte para adoptar a aquellas personas que están en espera de la resolución de su solicitud de asilo en nuestro país en condiciones dignas”, sostuvo en entrevista con Reforma Jordán Rodas Andrade, procurador de derechos humanos de ese país.

“La gran paradoja es que Guatemala no es seguro ni para los que habitamos nuestro territorio, o sea que solamente nos estamos prestando a una prioridad electoral del presidente Donald Trump”, dijo.

Solo tres días después de amenazar a esa nación centroamericana con sanciones, Trump logró firmar un pacto de asilo que obliga a los migrantes salvadoreños y hondureños que cruzan por territorio guatemalteco a solicitar refugio ahí y no avanzar a la frontera estadunidense.

“(Sin embargo) no tenemos la capacidad como Estado de absorber esa cantidad de personas, especialmente porque Guatemala es un país expulsor de migrantes con un nivel económico de pobreza”, indicó Sandra Gularte, representante de El Refugio para la Niñez en ese país.

La especialista señaló que apenas hace un mes que comenzaron a revisarse 450 solicitudes de refugiados, en su mayoría de Centroamérica, que estaban pendientes desde hace más de un año, un retraso significativo al que la nación no podría hacerle frente en una primera instancia de convertirse en Tercer País Seguro.

Aunque diversas organizaciones en la nación vecina del sur han impugnado el acuerdo de asilo con EU, por no aporta ninguna garantía de seguridad a los solicitantes, el proceso para determinar su implementación sigue en pie en la Corte de Constitucionalidad.

En tanto, los gobiernos de El Salvador y Honduras firmaron a finales de septiembre acuerdos de asilo bilaterales con la administración Trump, de los que no se revelaron detalles, pero que irían en la misma línea de frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos.

“Como hondureña y viviendo día a día la violencia generalizada en mi país sería inaudito entender que el gobierno se comprometa a asumir tal responsabilidad, no puede brindarnos seguridad a los ciudadanos del país”, denunció Sandra Zambrano, directora de Vida Mejor en Honduras.

Estefanía Escobar I Agencia Reforma