Un juez giró orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Esto, a días de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimara los argumentos con los cuales el ministro Juan Luis González Alcántara desechó la controversia constitucional sobre el desafuero del gobernador, y así proceder legalmente contra el mandatario, luego de que el pasado 14 de mayo, la Corte consideró que la decisión sobre el desafuero de un gobernador corresponde al Congreso local.

De acuerdo con Elefante Blanco, los agentes del Ministerio Público presentaron pruebas sobre esquemas de lavado de dinero vinculados con contratos otorgados por el gobierno de Tamaulipas.

Entre las acusaciones que motivaron el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, se encuentran la simulación de la venta de un departamento en Santa Fe, adquirido por prestanombres y pagado en tres partes: con recursos públicos federales, transferencias hechas por empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa y con pagos de una compañía que participó en el esquema de desvío de recursos, mejor conocido como La Estafa Maestra.

El gobernador ha acusado en diversas ocasiones al gobierno federal de orquestar una estrategia en su contra, calificando el hecho como un linchamiento político.

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Los diputados de la 64 Legislatura han dejado de lado la austeridad, pese a que son mayoría de la 4T, y buscan remodelar parte del Palacio Legislativo, al tapizar y alfombrar salones del pleno y de la Cámara.

Con apenas cuatro años y medio desde el último remozamiento, lanzaron dos licitaciones públicas para cambiar cerca de cerca 4 mil 375 metros cuadrados de alfombras verdes de salones del pleno y el Legislativo, así como restaurar al menos 678 curules y 540 escritorios.