La Fiscalía General de la República (FGR) tuvo un doble rasero frente a los amparos que fueron concedidos a dos exfuncionarios imputados por la supuesta compra con sobreprecio de un avión para el uso personal de Jesús Murillo Karam en su paso por la extinta PGR.

Este fin de año, Luis Pérez de la Fuente, magistrado del Sexto Tribunal Unitario Penal, otorgó el amparo a Judith Aracely Gómez Molano, exoficial mayor de la PGR, y Víctor Rodrigo Curioca Ramírez, exsubdirector de Recursos Materiales de Banobras, al estimar que la imputación carece de fundamento.

Según documentos judiciales, en el caso de Curioca, la FGR dejó pasar los 10 días que tenía para impugnar el fallo, razón por la que ha quedado firme la resolución y tiene efectos de sentencia absolutoria.

Sin embargo, con Gómez Molano, quien estuvo a cargo de la compra del avión por casi 20 millones de dólares, el proceder de la Fiscalía fue el contrario, pues esta semana presentó el recurso de revisión contra el amparo que le fue concedido y ahora será un tribunal colegiado el que determine en última instancia si prevalece o no la cancelación del proceso.

Aunque se trata de fallos dictados por separado, el magistrado Pérez de la Fuente resolvió en los mismos términos y con los mismos argumentos los casos de Gómez Molano y Curioca, este último hoy subsecretario de Administración del Estado de México, en el gobierno de Alfredo del Mazo.

El 16 de mayo de 2019, el capitán Gabriel Hugo de la Mora, director de Servicios Aéreos de la FGR, denunció que un Bombardier Challenger 605 fue comprado por 19.5 millones de dólares, equivalentes a 243.9 millones de pesos, cuando su precio comercial era de 15.5 millones de dólares, con lo que se pagó un sobrecosto de 37.5 millones de pesos.

Abel Barajas
Agencia Reforma