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Pide FGR pena para científicos de hasta 82 años de cárcel

La FGR señaló que la pena máxima que puede imponerse es uno de los principales motivos por los que pidió la orden de aprehensión


La Fiscalía General de la República (FGR) acusó que en el Conacyt y el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT) existía una organización criminal comandada por nueve exfuncionarios, cuyos delitos podrían alcanzar hasta 82 años y medio de prisión.

Los principales “líderes” de ese grupo delictivo son el exdirector general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza; la excoordinadora del FCCyT, Julia Tagüeña Parga; el director adjunto de Administración y Finanzas, David García Junco Machado, y el exOficial Mayor del consejo, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.

“De los hechos citados, se desprende la existencia de una organización encabezada por al menos cuatro directivos del Conacyt (Cabrero Mendoza, Tagüeña Parga, García Junco Machado y Carreón Rodríguez), así como por miembros del Foro, en su mayoría nombrados por el propio Director General del Conacyt, que curiosamente desempeñaban las funciones de los cargos conferidos dentro de la estructura del FCCyT, organización en la que también participaron al menos 23 directivos del Conacyt”, dice la fiscal Genny Franco Martínez, en su solicitud de 31 órdenes de aprehensión del pasado 24 de agosto.

La pena para estos cuatro exfuncionarios sería de hasta un máximo de 60 años de prisión por delincuencia organizada y de 22 años y medio de cárcel por el delito de lavado de dinero.

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Lo anterior, porque si bien los castigos para el primer ilícito es de 20 a 40 años contra los que tienen la calidad de líderes delictivos, y el segundo tiene una sanción de 5 a 15 años de cárcel, en el caso de los servidores públicos, la pena aumenta en una mitad.

Al argumentar la necesidad de cautela, la FGR señaló que la pena máxima que puede imponerse es uno de los principales motivos por los que pidió la orden de aprehensión y no un citatorio para una audiencia de imputación.

“Otro aspecto a considerar es el máximo de la pena que eventualmente se pudiera imponer. La pena que, eventualmente, podría imponerse a los imputados, constituye un factor que hace suponer que se podrían sustraer de la acción de la justicia”, señala.

En total, están involucrados 33 investigadores.

Abel Barajas | Agencia Reforma

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