La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a un juez federal condenar a Gerardo Sosa Castelán a 55 años de prisión en el juicio que se le sigue por delincuencia organizada y lavado de 58 millones 245 mil 948 pesos, una parte con recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
El Fiscal federal Carlos Melo Ponce pidió por escrito imponerle al ex presidente del Patronato de la UAEH 40 años de cárcel por delincuencia organizada y 15 por lavado de dinero, además del pago de 30 mil días multa, la pena máxima por cada uno de los ilícitos imputados.
También solicitó al juez de control, Gregorio Salazar Hernández, condenar a 35 años de cárcel y 17 mil 500 días multa a sus presuntos cómplices: Juan Manuel Hernández Gayosso, María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos Álvarez, todos privados de la libertad.
De acuerdo con el documento, no existe hasta el momento una propuesta por parte de la FGR para aplicarle al hidalguense alguna forma de terminación anticipada del proceso.
Es decir, no existe una negociación para que el acusado se declare culpable y a cambio consiga una pena más baja.
En la acusación entregada al juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, la FGR ofreció como pruebas contra Gerardo Sosa y sus presuntos cómplices 39 testimonios y 54 documentos.
Los testimonios son de funcionarios de la Secretaría de Hacienda, del IMSS, agentes de la Policía Federal Ministerial, testigos y gerentes y representantes de los bancos Scotiabank Inverlat, Banorte, Citibanamex, Bancomer y HSBC.
Destacan los de Ángel Salvador Vargas Mitre, director de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera; Ardelio Vargas Carrillo, mando la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y Josef Novak Campos, titular de la División de la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS.
El 3 de febrero pasado, considerando su estado de salud y a petición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, el juez de la causa concedió a Sosa Castelán la prisión domiciliaria en su casa de Pachuca, Hidalgo.
Imputación original
Según la indagatoria, de 2011 a 2018 una empresa “fachada” denominada Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C. recibió 58 millones 245 mil 948 pesos de 10 personas relacionadas entre sí, incluida la UAEH, y luego trianguló el dinero en beneficio de Sosa Castelán, sus familiares y allegados.
El principal destinatario de los recursos que recibió la empresa fue precisamente Sosa Castelán, pues los accionistas realizaron retiros por 48 millones 569 mil 840 pesos y en ese periodo destinaron 23 millones 567 mil pesos al político hidalguense.
El segundo destinatario fue Corporativo Contable de Pachuca, cuya apoderada legal, Anastacia Elizabeth Baños Baños, recibió 19 millones 430 mil 995 pesos.
Aunque la FGR denomina a esta empresa como “fachada”, lo cierto es que el SAT no la tiene incluida en la lista de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas, mejor conocidas como “factureras”.
Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C. fue constituida el 18 de enero de 2001 y, según la FGR, no está registrada en el IMSS como patrón, tampoco hizo una declaración de impuestos de 2011 a 2018, ni existe información de que expidiera comprobantes fiscales digitales por internet.
Esta investigación llevó a la UIF a bloquear 224 cuentas bancarias de la UAEH en febrero de 2019, por depósitos recibidos desde Suiza por 151 millones de dólares.
Sosa Castelán en aquel entonces justificó que dichas transferencias eran parte de una inversión en el Credit Suisse y que sus capitales financiaban las jubilaciones y la construcción de infraestructura de la universidad. Dos meses después, la UIF descongeló 64 cuentas.
Por este asunto, también están prófugos de la justicia Francisco Natalio Zamudio Isbaile, tesorero del Patronato de la UAEH; Baños Baños, apoderada legal de Corporativo Contable de Pachuca, y Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, hijas de Sosa Castelán.
Abel Barajas
Agencia Reforma
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