A dos años de que Andrés Manuel López Obrador asumió la administración federal, el gran pendiente es el programa de las Universidades del Bienestar Benito Juárez, criticó Anayeli Mejía Reséndiz, presidenta del Consejo Supremo Hñähñü (CSH).
Señaló que en el caso de Hidalgo se anunciaron ocho escuelas, las cuales no cumplen las normas básicas estipuladas por las autoridades educativas para operar, “por el contrario, las que según están en funcionamiento no cuentan con instalaciones”, aseveró.
“Dicho de otra manera, son fantasmas educativos, las cuales se han anunciado en los municipios de Ajacuba, Jacala, Yahualica, San Felipe Orizatlán, Tlanchinol, Huasca, Chilcuautla y Francisco I. Madero”, añadió.
La representante étnica lamentó que durante el informe presidencial se haya afirmado que su compromiso número 7, que establecía que en 2019 estarían funcionando 100 universidades públicas, con carreras acordes a cada región del país para atender con educación de calidad a 64 mil estudiantes del nivel superior, “ha sido incumplido”.
Pese a que no se ha concretado este indicador, continuó, el reporte del gobierno federal en el ejercicio público 2020 exhibe que, de los mil millones de presupuesto anual que tuvieron en 2019 y en este año, se han gastado 780 millones, lo que equivale a casi 80 por ciento del recurso.
Esto —agregó—, arroja como resultado una opacidad en el ejercicio del gasto, ya que los dineros públicos debieron haber sido focalizados en la construcción y terminación de las instalaciones de las Benito Juárez, las cuales están “en obra negra”.
Emmanuel Rincón
Pachuca
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Durante 2019, Hidalgo registró 23.07 por ciento de “muertes” de establecimientos respecto a los existentes ese año, de acuerdo con la segunda edición de la Encuesta sobre el Impacto Económico generado por Covid-19 en las Empresas (Ecovid-IE) y el estudio sobre la Demografía de los Negocios 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A nivel nacional, el indicador se ubicó en 20.81 puntos porcentuales, por lo que el estado tuvo una proporción de cierre de negocios mayor al promedio del país (2.26).
