La Fiscalía General de la República (FGR) falló en su primer intento por fincar un desvío de recursos en la Estafa Maestra.
Un juez federal resolvió no vincular a proceso a dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), por un presunto peculado de más de 186 millones de pesos, derivado de convenios con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2015. Eligio Valdenegro, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, determinó que no hay elementos para procesar por este delito a Rafael Zozaya Nucamendi, director de Recursos Materiales e Infraestructura, y Rigoberto Jiménez Jonapa, secretario administrativo, ambos
de la UPCH.
A diferencia del resto de los casos de la llamada Estafa Maestra, este es el primero donde la Fiscalía imputa el delito de peculado, es decir, el desvío de los recursos del erario.
Las causas penales anteriores habían sido por ejercicio indebido del servicio público, falsedad en declaración y uso ilícito de atribuciones y facultades.
De acuerdo con informes de la FGR, los datos de prueba ofrecidos acreditaron la participación de los imputados, pero no en esa conducta delictiva, sino en uno distinto que pudiera ser fraude.
Fuentes del Poder Judicial indicaron que el juez determinó que no era procedente reclasificar el ilícito porque se necesitaban otros datos del hecho.
Abel Barajas
Agencia Reforma