La Coalición Por México al Frente denunció ante la PGR al ex Presidente Felipe Calderón y a funcionarios de su Gobierno, incluido José Antonio Meade, por un quebranto de mil 935 millones de pesos a Pemex por el Proyecto Etileno XXI, adjudicado a una filial de Odebrecht.
De acuerdo con la denuncia, al menos 23 empresarios y funcionarios se confabularon para beneficiar ilegalmente al consorcio Braskem-Idesa con el proyecto de construcción de la planta en Coatzacoalcos, Veracruz.
La querella promovida por Paulo Díez Gargari, abogado de Infraiber, y Alfredo Figueroa Fernández, ex consejero electoral, pide a la PGR investigar si los presuntos sobornos confesados por Odebrecht en 2012 sirvieron para sostener el contrato de la planta de polietileno y no solo para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto.
La denuncia se presentó por delitos contra el consumo nacional, que se castiga con 3 a 10 años de cárcel en la legislación vigente.
Según la acusación, Pemex suscribió, sin tener las condiciones, un convenio para suministrar gas etano a la planta, lo que planteaba el riesgo de pagar penalizaciones millonarias por el incumplimiento.
Este riesgo, dice la denuncia, fue expuesta en la sesión ordinaria 827 del Consejo de Administración de Pemex, el 29 de abril de 2011, misma que presidió Meade en su calidad de Secretario de Energía.
En ese encuentro, el hoy candidato presidencial priista no se opuso al convenio que causaría un daño a las arcas de la petrolera.
Tampoco lo hicieron José Antonio González Anaya, en aquel momento subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda; ni Juan José Suárez Coppel, director de Pemex; ni el calderonista Jordy Herrera, entonces director de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), todos presentes en la sesión del consejo.
La omisión ocasionó un daño de mil 935 millones de pesos a Pemex sólo en 2016, según una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) citada por los denunciantes.
Agregan que el entonces Presidente Felipe Calderón y Meade emitieron en 2012 un decreto para aumentar los aranceles al polietileno importado, cuya consecuencia fue liquidar a la competencia de Braskem-Idesa y permitir que ésta vendiera caro su producto en México.
Al Presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, el primer Secretario de Hacienda de este sexenio, los señalan por haber contado con más de dos años para posponer la entrada el vigor de ese decreto o dejarlo sin efecto, pero no lo hicieron. Por el contrario, lo publicaron el 1 de enero de 2015.
“(Se trata de) una conspiración de Estado para beneficiar a un particular (Braskem/Idesa) y a sus socios en el Gobierno, en perjuicio de Pemex, de la industria nacional y de los consumidores.
Según la ASF, sólo entre el 18 de marzo y el 31 de diciembre de 2016 (9 meses y 12 días), el Proyecto Etileno XXI generó una pérdida de 1,935 millones de pesos para Pemex.
Abel Barajas
Agencia Reforma
