El exalcalde de Tlaxcoapan Jovani Miguel León Cruz interpuso ante el juzgado primero de distrito un juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión, detención, citación, presentación y comparecencia que pudieran girarse en su contra.
De acuerdo con el expediente 623/2020, el exedil señala como probables responsables a los jueces penales de control, con sede en Pachuca, Actopan, Mixquiahuala y Tula; así como al Fiscal Especializado en Delitos contra la Corrupción, Procurador General de Justicia, agentes del Ministerio Público Especializados en Delitos de Corrupción, unidad uno y dos; Subprocuradores del Sistema Acusatorio y Oral de las Regiones Oriente y Poniente de la procuraduría; secretario de Seguridad Pública, Director de la Policía de Investigación y Comandante del Grupo Aprehensiones de la Policía Investigadora.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF), el juez otorgó León Cruz la suspensión provisional, pero deberá pagar una garantía de 10 mil pesos para que esta surta sus efectos.
Un grupo de exregidores de Tlaxcoapan informaron que iniciaron una carpeta de investigación ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) en contra de León Cruz por el delito de peculado, la cual fue interpuesta el 6 de junio.
Según los denunciantes, también fue señalado por modificar actas de presupuestos de egresos sin el aval de la asamblea y, presuntamente, con la falsificación de las firmas de los ocho integrantes.
Asimismo, comerciantes del ayuntamiento denunciaron al exedil por fraude, negociación indebida y abuso de autoridad, toda vez que les solicitó 66 mil pesos para gestionar equipamiento para sus locales, pero nunca les fue entregado.
Adela Garmez
Pachuca
También te puede interesar Raúl Camacho interpone otro juicio de amparo; acusa tortura psicológica y física
El exalcalde de Mineral de la Reforma Raúl C. B. interpuso el juicio de amparo 617/2020 ante el juzgado tercero de distrito de Hidalgo por la decisión de las autoridades de mantenerlo en el hospital general de Pachuca, a pesar de que está destinado para atender Covid.19; por presuntos actos de tortura psicológica y física, ya que asegura que lo tienen esposado en el área de terapia intensiva; impedimento de poder comprarle sus medicamentos, pues solo se pude hacer a través de la policía, y la invasión a la privacidad, debido a que para ir a hacer sus necesidades fisiológicas, debe estar con un policía.
