El Legislativo hidalguense adelantó el inicio del periodo ordinario y tuvo una agenda con polémicas y temas sin resolver
Durante los primeros tres meses de 2026, el Congreso de Hidalgo no solo adelantó el arranque del periodo ordinario, sino que también acumuló una agenda que combina minutas federales, iniciativas sociales y temas que, pese al paso del tiempo, siguen sin resolverse. El año legislativo inició con un cambio poco habitual, ya que, por primera vez en varios ejercicios recientes, el segundo periodo ordinario de sesiones comenzó en febrero y no en marzo, tras una modificación al calendario que buscó ampliar el tiempo de trabajo parlamentario. La medida fue pre sentada como un impulso a la productividad; sin embargo, también evidenció la carga de asuntos que arrastraba la Legislatura.
Entre los movimientos más relevantes del trimestre destacan las reformas en materia de transparencia, donde se avanzó en la reconfiguración de un sistema estatal que generó polémica, ya que incluyó la desaparición del Insti tuto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de Hidalgo (Itaih), cuyas funciones serán absorbidas por la Secretaría de Contraloría del estado.
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En materia laboral, una de las reformas más relevantes plantea que el acoso laboral sea considerado causal de despido en el servicio público, propuesta que busca que las dependencias no solo sancionen este tipo de conductas, sino que puedan separar del cargo a quienes incurran en ellas. Asimismo, se impulsa ron reformas para poner límites a jubilaciones y pensiones dentro del funcionariado público, con el objetivo de evitar esquemas considerados excesivos o desproporcionados. A la par, se propusieron ajustes para fortalecer el combate a delitos como la extorsión, con una iniciativa enviada por el gobernador Julio Menchaca Salazar, que plantea la creación y especialización de áreas dentro de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
En el ámbito nacional, el Congreso local también mantuvo su dinámica de aprobación de minutas federales, en un ejercicio constante de armonización legislativa. En este periodo, destacó la discusión y aval del llamado Plan B en materia electoral, una reforma impulsada a nivel federal que contempla ajustes en la estructura y operación de las autoridades electorales, la reducción de áreas administrativas y cambios en procedimientos organizativos.

Su aprobación no pasó desapercibida en el Congreso de Hidalgo, pues generó un intercambio de posturas entre las distintas fuerzas políticas, ya que legisladores afines al proyecto defendieron que se trata de medidas para hacer más eficiente y menos costoso el sistema electoral, mientras que la oposición advirtió de posibles riesgos en la operatividad de los comicios y en los mecanismos de con trol institucional.
No obstante, el arranque de año también deja ver los pendientes, pues a un año de haberse pre sentado, la iniciativa para prohibir las corridas de toros en Hidalgo continúa sin dictamen.
Pese a las movilizaciones, posicionamientos y debate público que generó entre quienes defienden la tauromaquia como tradición y quienes la rechazan por considerar que implica maltrato animal, la propuesta permanece en la congeladora legislativa.
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