La Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo (PEDT) confirmó que las trabajadoras domésticas son un segmento de la población que presenta alta vulnerabilidad al realizar sus labores, debido a que 98 por ciento no cuenta con los servicios de salud, por lo que el trabajo doméstico en la entidad es “ampliamente informal”.
Lo anterior, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara que es discriminatorio excluirlas del régimen obligatorio de seguridad social.
Además, la PEDT señaló que este tipo de empleadas no ha solicitado asesoría para afiliarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En tanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recordó, con base en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que en la entidad, durante el tercer trimestre de 2018, 61 mil 173 personas fueron remuneradas por labores domésticas. Esta cifra representa 5 por ciento del total de ocupados en el estado.
Las personas que se dedican a dicha actividad son mujeres en su mayoría, ya que nueve de cada 10 empleados domésticos son féminas; es decir, más de 57 mil, según los datos del instituto.
La dependencia abundó que la PEDT ha intervenido en dos asuntos en los que se registraron accidentes de trabajadoras domésticas, en los cuales los patrones se responsabilizaron del pago de la atención médica.
El pasado 5 de diciembre, el máximo órgano constitucional del país determinó que es inconstitucional que los patrones no estén obligados a inscribir a las empleadas domésticas ante el IMSS.
El proyecto de Alberto Pérez Dayán, ministro de la SCJN, señala que el trabajo doméstico afecta de manera desproporcionada a la mujer, además de que esta labor ha sido objeto de condiciones inadecuadas, extensas jornadas y bajos salarios.
Yuvenil Torres l Pachuca