La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió durante todo 2020 solo tres recomendaciones derivadas de la acreditación de violación de las garantías individuales.

La identificada con el folio R-TB-0001-20, del 13 de julio, se desprende del expediente CDHEH-VG-3172-17, iniciado en noviembre de 2016, luego de que un habitante de Las Ánimas, Cuautepec, denunció que una planta de tratamiento de aguas residuales era un foco de contaminación.

El 25 de septiembre de 2018, el organismo emitió la propuesta de solución PS-TB-0052-18 en la que instruyó realizar las acciones en el espacio y capacitar al personal de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el manejo del inmueble.

Sin embargo, tras una inspección, se descubrió que lo requerido no fue acatado, por lo que se elevó a recomendación y se agregó la reparación del daño por los predios afectados.

La segunda del año, la R-A-0002-20 —del 31 de agosto—, de la queja CDHEH-A-0237-17, la comisión acreditó que el 18 de septiembre de 2017 elementos policiacos, de Protección Civil y el conciliador de Apan detuvieron a una persona con el uso de la fuerza pública y se le cobró una multa por una infracción vial no cometida.

El ente garante emitió la propuesta PS-A-0133-18 en la que la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública municipal investigaría a las autoridades involucradas por la aprehensión, la Contraloría interna indagaría al conciliador y la Tesorería devolvería la multa de 4 mil pesos, pero, al no cumplirse en su totalidad, fue elevada a recomendación.

En la R-VG-0003-2020 —del 21 de octubre—, derivada del expediente CDHEH-VG-1528-19, se acreditó que policías de cuatro municipios hicieron uso de la fuerza pública para la detención de un menor y su padre, en la que falleció el adulto, el 21 de mayo de 2019.

Por ello, ordenó sancionar a uniformados de Huasca, Acatlán, Omitlán y Mineral del Monte, así como a los de la Agencia de Seguridad Pública, y la reparación del daño.

DOS DE LOS DOCUMENTOS, POR INCUMPLIMIENTO

Las dos primeras recomendaciones emitidas el año pasado derivaron de propuestas de resolución no acatadas por las autoridades responsables

Dos de esos documentos estuvieron relacionados con abuso de autoridad

Adela Garmez | Pachuca