E n un mes –el próximo 18 de enero— se cumplirá un año de una de las mayores tragedias registradas en Hidalgo: la explosión e incendio de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en San Primitivo, comunidad localizada en los límites de Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, cuyo saldo fue de 137 personas muertas.
Previo a la desgracia, en Hidalgo y en el resto del país, desde el 9 de ese mes se resintió una crisis por desabasto de combustible, consecuencia de la nueva estrategia de distribución de hidrocarburo implementada por el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, con la intención de frenar el huachicoleo.
El esquema incluyó el cierre de ductos y, en su lugar, la utilización de pipas para abastecer del combustible a las estaciones de servicio, lo que demoró la distribución de gasolina y generó largas filas de automovilistas que buscaban adquirirla, como documentó Criterio en su edición del 12 de enero pasado.
De acuerdo con lo publicado, un automovilista podía pasar más de seis horas formado para recargar; hubo quien incluso durmió en su vehículo o improvisó garrafas para almacenar el carburante.
La tarde del 18 de enero, una fuga de hidrocarburo fue reportada en el kilómetro 226 del ducto Tula-Tuxpan, de Pemex, el cual atraviesa por un alfalfar de San Primitivo, localidad ubicada en una de las regiones con mayor presencia de huachicoleros , según autoridades estatales.
El derrame del hidrocarburo en un canal de riego en Tlahuelilpan atrajo primero a unos cuantos vecinos que acudieron con garrafas a cargar el líquido; sin embargo —según narraron familiares de las víctimas— con el paso de los minutos, a través de redes sociales, se convocó a la población a proveerse gratuitamente del combustible, lo que congregó a una multitud que llevó botes, garrafones, tambos e incluso tinacos para llenarlos de gasolina.
Para custodiar el sitio, acudió personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuya labor se limitó a atestiguar la rapiña del combustible y presenciar la intoxicación de los pobladores por los químicos.
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Minutos antes de las 19:00 horas sobrevino el incendio y explosión del ducto; en el sitio, quedaron atrapados cientos de personas.
Quienes pudieron salir del canal de riego, lo hicieron ardiendo en llamas y clamando auxilio para sofocar el fuego que los consumía.
Según reportes oficiales del siniestro, 137 personas fallecieron: 69 en el lugar y 68 en hospitalización; además, 10 pacientes fueron dados de alta tras permanecer en el área de cuidados intensivos por semanas.
Aunque la tragedia ocurrió en jurisdicción de Tlaxcoapan, municipio que gobierna el alcalde panista Jovani Miguel León Cruz, quien asumió el costo social de la desgracia fue el edil de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz Frías —de Movimiento Regeneración Nacional (Morena)—, quien ha demandado recursos al gobierno federal para “proyectos de resca- te social”.
Según lo manifestado por la administración de la república, se entregaron 15 mil pesos de apoyo a las familias de las víctimas de la tragedia.
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En el alfalfar de San Primitivo los deudos pretenden edificar un memorial en recuerdo de los fallecidos; en el lugar, construyeron nichos y —como informó Criterio en su edición del 10 de diciembre— el predio para este fin fue liberado por el gobierno federal, según informó el delegado de los programas de Bienestar en el estado, Abraham Mendoza Zenteno.
Emmanuel Rincón | Pachuca
