El Congreso de Hidalgo celebró ayer la primera sesión virtual de su historia, ante la imposibilidad de reunirse en el pleno debido a la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

La asamblea tuvo un inicio accidentado, ya que los legisladores evidenciaron desconocer el funcionamiento de la plataforma, pues no sabían en qué momento activar su micrófono para participar.

Esto provocó que el audio de la transmisión se viciara; sin embargo, la falla fue solucionada posteriormente.

Durante los trabajos legislativos, el grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó un proyecto de decreto para adicionar la fracción XXV al artículo 56 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, a fin de crear el Consejo Estatal de Salubridad.

El organismo, detallaron, estaría integrado por los titulares del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, del Colegio Médico de la entidad, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y de las comisiones de Salud y Hacienda y Presupuesto del Congreso local.

También formarían parte del consejo los secretarios de la Política Pública, Finanzas y Educación, los directores de los hospitales regionales, el procurador de Justicia y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Por su parte, los integrantes de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propusieron aplicar penas de cuatro a 20 años de prisión y multas de mil 737 a 26 mil 64 pesos a quienes agredan, discriminen o ataquen a personal médico, ilícito que se perseguiría de oficio.

Esto, a través de una reforma al Código Penal para el Estado de Hidalgo, a fin de adherir, de forma urgente, los artículos 148 bis, 223 y 321 quintus, explicó el legislador tricolor José Luis Espinoza Silva.

ADELANTARON SU INICIATIVA

El martes pasado, Criterio adelantó que la bancada priista presentaría una iniciativa para sancionar de manera más severa a quienes agredan a personal de instituciones de Salud públicas y privadas

En esa ocasión, Espinoza Silva aseveró que la obligación del Poder Legislativo es establecer medidas coercitivas que garanticen la protección de los empleados de ese sector

Emmanuel Rincón I Pachuca