Con sanciones que van desde amonestaciones públicas o privadas a inhabilitación por tres años, el Poder Ejecutivo de Hidalgo ha penalizado a seis funcionarios.
Con sanciones que van desde amonestaciones públicas o privadas a inhabilitación por tres años, el Poder Ejecutivo de Hidalgo ha penalizado a seis funcionarios en lo que va de 2019, de acuerdo con el Sistema de Información de Transparencia (Sipot).
De los servidores que recibieron acciones punitivas, dos pertenecen a la Unidad de Planeación y Prospectiva; dos, a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa); uno, al Colegio de Bachilleres y otro formaba parte del observatorio del extinto Consejo Consultivo Ciudadano (CCC).
Tras un procedimiento administrativo en la Contraloría de la ahora Unidad de Planeación y Prospectiva, antes Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, Ricardo Hosking Cibrián, quien era director general de Administración en la dependencia abolida, fue suspendido por tres años debido a que omitió reintegrar recursos no devengados.
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El expediente SC/UPLAPH/OIC/PRA/01/2018 detalla que Hosking Cibrián no presupuestó las obras con apego a las normas en proyectos desarrollados en las localidades Las Golondrinas y Santa María Quelites y la edificación de la vía Pachuca-Huejutla-Santa María Amajac, ya que el servidor presentó documentos que eran de otras construcciones.
Por este caso, fue amonestado con una sanción privada Roberto Hernández Mares, exdirector general de Programación de la secretaría mencionada; no obstante, se determinó que el grado de responsabilidad era menor.
En tanto, los inspectores ambientales de Proespa Sergio Pérez Meneses y Norma Gabriela Ramírez García fueron apercibidos por colocar sellos en un domicilio que no correspondía, en Tepojaco, Tizayuca.
Asimismo, Álvaro García Zamora, quien fue director general de Sistemas de Información y Observatorios del CCC, por omitir información del área a su cargo en una etapa de la entrega-recepción.
Marisol Flores l Pachuca
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