En medio de cuestionamientos por un supuesto conflicto de interés, el número de inspecciones realizadas y la nula cantidad de compañías sancionadas, trascurrió la comparecencia de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), María de los Ángeles Eguiluz Tapia, ante el Congreso local.
La funcionaria detalló que durante el segundo periodo de la actual administración se han efectuado mil 230 verificaciones a empresas de índole local; de estas, solo 30 han derivado en procedimientos administrativos sancionadores, pero aún no hay ninguna consecuencia firme.
Al respecto, la diputada panista Claudia Lilia Luna Islas puso en duda la efectividad de los operativos de la STPSH, ya que, sostuvo, ninguna firma cumple al cien por ciento la ley laboral.
Según Eguiluz Tapia, no se puede anticipar si las compañías con observaciones serán multadas porque los procedimientos aún están abiertos.
Luna Islas, delegada federal del Trabajo en Hidalgo de 2008 a 2010, en el sexenio de Felipe Calderón, consideró que existe “compadrazgo” entre la STPSH y las empresas, ya que es imposible que mil 200 inspecciones no hayan arrojado ninguna sanción.
Reconoció que existen términos legales para que los patrones cumplan los lineamientos de la normativa laboral.
Por otro lado, la exregidora de Pachuca se refirió a un posible conflicto de intereses de José Luis Pérez Gómez, quien es funcionario de la Junta Local de Arbitraje y de la Junta Especial 51 de índole federal, además de mantener a sus tres hijos laborando en la Secretaría del Trabajo.
La legisladora aclaró que dicha acusación se le hizo llegar, y aunque desconoce la veracidad de la misma, manifestó que es “preocupante”, por lo que pidió a la funcionaria aclarar la situación.
La servidora reconoció que los individuos mencionados laboran en la instancia a su cargo, pero dijo que son personas preparadas y su desempeño ha sido validado. Descartó que se incurra en un conflicto de intereses, pues no representan a un abogado particular, sino que son funcionarios públicos.
“No entiendo cómo no hay conflicto de intereses, si un hijo está en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, el otro está en el Tribunal (de Arbitraje) y el otro está en la Junta Local”, cuestionó Luna Islas.
La exedil señaló que para emprender acciones sobre el caso es necesario allegarse de pruebas del mal uso que hacen de su posición, si las hubiera, pero reiteró que existe conflicto de intereses dado que son familiares.
En octubre de 2016, Luis Ángel Pérez Chávez, hijo de José Luis Pérez Gómez, funcionario de la secretaría, fue acusado de provocar la muerte de una persona, Daniel Alejandro Rosales Sánchez, durante un accidente automovilístico.
De acuerdo con los padres de la víctima, Luis Ángel Pérez Chávez, quien era jefe del occiso, buscaba evadir su responsabilidad al asegurar que Rosales Sánchez manejaba el vehículo.
- La Procuraduría estatal de la Defensa del Trabajador brindó atención y orientación legal a más de 5 mil personas que acudieron a solicitar asesorías. De los asuntos, 43 por ciento se resolvieron por conciliación.
- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, encargada de atender conflictos del sector privado, resolvió 798 juicios por esta vía y dictó 252 laudos para concluir los procesos. Además, 612 procesos siguen en trámite y finalizarán en diciembre.
- En cuanto a los conflictos laborales del sector público, se evitaron cerca de mil demandas mediante los procesos de conciliación. Se tramitaron 380 querellas este año; de las cuales, dos terceras partes se iniciaron contra ayuntamientos y el resto contra dependencias de gobierno y organismos descentralizados.
Yuvenil Torres I Pachuca
También te puede interesar:
