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Dos exfuncionarios federales hidalguenses fueron exonerados

En las indagatorias, no logró acreditar varios supuestos necesarios


Los exfuncionarios federales hidalguenses Paulo Uribe Arriaga y Miguel Vital Hernández fueron excluidos de responsabilidad por uso ilícito de atribuciones y facultades, pues la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), no pudo acreditar su culpabilidad.

Uribe Arriaga se desempeñó como director general de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), perteneciente a la Secretaría de Gobernación, en el sexenio de Peña Nieto.

En tanto, Vital Hernández fungió como director general adjunto, administrador de los contratos CPS. Ambos habían sido señalados en la causa penal 45/2021, relacionada con la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000611/2020.

En las indagatorias, no logró acreditar varios supuestos necesarios para que se actualizara el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades al haber celebrado convenios modificatorios a los contratos de prestación de ser-vicios de capacidad penitenciaria celebrados por la Secretaría de Seguridad Pública.

La fiscalía sostenía que durante el periodo 2010-2019 establecieron de manera de coautoría una serie de elucubraciones para obtener recursos públicos, a fin de generar, al amparo de la prestación de servicios de largo plazo en el área penitenciaria federal, un daño a la economía.

La FGR investiga cuatro inmuebles que presuntamente fueron convertidas por funcionarios de la SEDATU y la Sedesol en las “fábricas de documentos falsos” empleados en la llamada Estafa Maestra. Foto: Reforma

Según la unidad especializada, los exfuncionarios obtuvieron autorización presupuestaria de la SHCP para celebrar ocho contratos de prestación de servicios con empresas privadas en 2010, entre estas ICA, Prodemex y GIA, entre otras, con las que supuestamente habían comprometido recursos anuales por 9 mil 3 millones 418 mil pesos.

No obstante, la autorización presupuestaria multianual referida tiene un techo de 199 mil 476 millones 600 mil pesos para la construcción, equipamiento y servicios, con vigencia de 22 años, en los ocho nuevos Ceferesos, en los que la denunciante anónima acusaba un sobreprecio.

El juez de distrito especializado en Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad de México, Ganther Alejandro Villar Ceballos, estudió los 76 convenios modificatorios referentes a los ocho contratos firmados en 2010.

Consideró que no hubo algún delito, pues con la firma de los convenios se probó que no hubo “ánimos de perjudicar al Estado”, con lo que desechó la teoría de la parte acusadora y sobreseyó la acción penal promovida por la FGR.

Redacción I Pachuca

 

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