Ante la ausencia de leyes y normas para prevenir y sancionar la violencia política por razones de género en la entidad, siete paraestatales y un organismo autónomo dieron a conocer el protocolo de actuación a aplicarse durante el proceso electoral 2018, mismo que fue publicado el 25 de mayo en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).

“Este protocolo pretende dar las herramientas necesarias para fortalecer la prevención y atender este tipo de violencia, procurando la sanción y reparación del daño”, detalla el documento de 50 páginas, emitido a 33 días de finalizar las campañas en la entidad.

Asimismo, explica a qué instancias acudir y precisa que la violencia política por razones de género comprende todas las acciones u omisiones de personas o servidores públicos que se dirigen a una mujer (en razón de género), que tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. Puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica y feminicidio.

Para considerarla como tal, agrega, se debe de cumplir que la conducta se dirija a una mujer que participa en el espacio público y político; que el acto u omisión tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres desde violencia verbal hasta feminicida; que sea realizado por un hombre o mujer de algún partido político, aspirantes a un puesto público, funcionario o medios de comunicación.

En la elaboración participaron los institutos Hidalguense de la Mujer (IHM) y Estatal Electoral (IEE); la Subprocuraduría de Asuntos Electorales; Fiscalía de Género; la Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial; el Centro de Justicia para Mujeres local, y la CDHEH.

ANTECEDENTE

El 15 de agosto de 2016, dos meses y 10 días después de que Raúl Valdivia ganara la elección para alcalde de San Felipe Orizatlán –en el proceso electoral de ese año–, magistrados de la sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anularon los comicios del ayuntamiento de San Felipe Orizatlán, debido a que el excandidato de Acción Nacional (PAN), consideraron, ejerció violencia de género contra la aspirante priísta Brenda Lizeth Flores Franco. Posteriormente, la sala superior del TEPJF anuló la resolución y devolvió el triunfo al panista.

Marisol Flores I Pachuca

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