El gobierno federal informó que hay 5 personas detenidas por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 39 personas.
Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que se lograron emitir 6 órdenes de aprehensión, de las cuales 5 ya fueron ejecutadas.
La funcionaria explicó que tres son en contra de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, 2 contra policías de seguridad privada; y una más en contra el migrante que, supuestamente comenzó el incendio.
“Las órdenes de aprehensión que se concedieron fueron por los delitos de homicidio con dolo eventual, así como lesiones en contra de los 67 extranjeros que estaban en el lugar”, explicó Herrerías Guerra.
Junto con la fiscal @FGRMexico Sara Irene Herrerías, informamos sobre lo ocurrido en una estación migratoria en Cd. Juárez. El @GobiernoMX busca la verdad, justicia y reparación del daño para las víctimas y sus familias. #CeroImpunidad pic.twitter.com/84YqRXvgIa
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) March 30, 2023
Respecto a la situación del migrante, la fiscal informó que ya fue dado de alta y no será deportado debido a las acusaciones en su contra.
La investigación se amplió a todas las áreas del Instituto Nacional de Migración para determinar las obligaciones de cada persona involucrada.
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dio a conocer que la empresa de seguridad privada involucrada en el incidente será sancionada con una multa y la rescisión del contrato.
“Paralelamente al proceso penal que lleva la propia FGR, sobre la probable responsabilidad de la empresa, se dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponer una multa económica”, informó Rosa Icela Rodríguez.
La empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V, está registrada ante la Dirección General de Seguridad Privada desde el 3 de septiembre de 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024, bajo la modalidad de seguridad privada “en todo el territorio nacional”.
Según las autoridades, los socios son David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet.
Entre las irregularidades que se encontraron fue que sólo tenía reportados 4 elementos de seguridad con 10 uniformes. Sin embargo, el contrato con el INM era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República.
Además tampoco contaba con permiso de portación de armas.
Por el momento, la seguridad en esa estación migratoria será proporcionada por el servicio de protección federal.
Con información de Animal Político
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