Luego de que el general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante administración de Enrique Peña Nieto, fuera arrestado en Estados Unidos y acusado de cuatro cargos por narcotráfico y lavado de dinero, la jueza Carol Bagley Amon los desestimó, por lo que el señalado regresará a México, informó Marcelo Ebrard, canciller mexicano.

Lo anterior ocurrió tras el acuerdo entre el Departamento de Justicia de EEUU y la Fiscalía General de la República, con el que solicitaron que se desestimaran los cargos penales contra Cienfuegos para que pudiera ser investigado y, en su caso, procesado con las leyes mexicanas.

Las autoridades estadounidenses justificaron su decisión en razones de política exterior. También explicaron que las pruebas contra el general ya le fueron entregadas a México para apoyar las investigaciones que se realicen en dicho país.

De acuerdo con el gobierno estadunidense, las pruebas incluyen miles de mensajes intercambiados entre Salvador Cienfuegos e integrantes del grupo criminal Cártel H-2, que operaba como una escisión de la organización de los Beltrán Leyva, en la costa norte del Pacífico en México.

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El gobierno de EU retiró los cargos contra el exsecretario de la Defensa de lavado de dinero y narcotráfico por los que lo detuvo el 15 de octubre pasado. Lo hizo al ponderar “sensibles” razones de política exterior que no detalló.

“Estados Unidos ha determinado que consideraciones de política exterior sensibles e importantes, tienen mayor peso que el interés del gobierno en mantener la persecución penal del acusado, bajo la totalidad de las circunstancias, y, por tanto, requiere desestimar el caso”, expresó la fiscalía estadunidense en su moción presentada ayer ante la jueza Carol Bagley Ammon.

Hoy miércoles Carol Bagley Ammon, la jueza del caso en Brooklyn, tomará una decisión al respecto, pero las autoridades de ambos países dan como un hecho el retorno del militar a México.

La sorpresiva decisión fue anunciada ayer en un comunicado conjunto de Barr y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz.