Desde este 8 de octubre, comienza la aplicación de sanciones a quienes alteren bombas de gasolina y diésel, dijo el subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad, Ernesto Acevedo.
El funcionario explicó que las sanciones por este acto pueden ir desde la inmovilización de los dispensadores de combustible, clausura de estaciones, hasta denuncias ante la Fiscalía General de la República, lo que podría derivar en penas de cárcel.
Expuso que la Norma Oficial Mexicana 005, que se refiere a instrumentos de medición, equipos de medición y sistemas para despachar bien gasolina y diésel, entra en vigencia luego de cinco años de proceso de elaboración y de prórrogas.
“De lo que se trata es que te sirvan el volumen que pagaste, que recibas lo que pagaste y no haya litros incompletos o alteraciones en los precios.
“Cuando llega inspección de Profeco va a tener en la información que recabe lo que ha acontecido en esas bombas de gasolina, en los últimos 12 meses, para que las verificaciones se acompañen de una denuncia penal más fidedignas y contundentes”, señaló.
Acevedo dijo que todo debe tener concordancia, porque no puede haber registros de que venden más gasolina y diésel de la que compraron a Pemex. Esa información permitirá identificar que si despacha más litros de los que le compró a la empresa petrolera, entonces hay combustible excedente.
Es decir, también se verá si compraron combustible con huachicoleros, porque se tendrá registro de si abrieron las puertas de los sistemas de entrada de combustible para cotejar las ventas que haga Pemex y el volumen que se vendió a los conductores.
El subsecretario añadió que con esas acciones se buscará cerrarle espacios al crimen organizado y reducir la venta de huachicol.
Con esta nueva normatividad “ahora se va a observar cuando un sistema fue alterado, cuando se cambió alguna estimación de precios y cuál es el volumen en bombas de gasolina”.
Las nuevas medidas permitirán a Profeco tener evidencias de lo que se hizo (en la gasolinera) y cerrar el paso a la delincuencia organizada y a los abusos contra los compradores de gasolinas y diésel.
La norma que entra en vigor este 8 de octubre comenzó a elaborarse en 2015. Dos años después se publicó y su aplicación estaba prevista para el 19 de marzo de 2019; sin embargo, se dio un año más de prórroga a petición de los gasolineros.
Esa demora perjudicó a consumidores, empresas, proveedores, transporte de pasajeros y de mercancías, principalmente, porque hay quienes despacharon litros incompletos, manipularon bombas de gasolina y fijaron precios distintos a los que se tenían que dar.
Con información de Zócalo
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