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Descartan defraudación fiscal de Gerardo S. C.

Continuará recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano


De acuerdo con estrados del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Gerardo S. C., líder de Grupo Universidad, no será vinculado a proceso por el delito de defraudación fiscal.

Sin embargo, continuará recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano debido a que también se le imputan los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

A principios de este mes, según los estrados del CJF, el expresidente del Patronato Universitario obtuvo la no vinculación a proceso, pues aunque el Ministerio Público argumentó que simuló pruebas para justificar depósitos millonarios no reportados al Servicio de Administración Tributaria, el juzgador consideró que no había suficientes elementos de prueba.

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Foto: Especial

Pese a ello, el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) permanecerá en prisión, ya que, aunque solicitó el cambio de la medida cautelar por el proceso que se le sigue por delincuencia organizada y lavado de dinero, se determinó que seguirá en Almoloya.

Gerardo S. C. lleva poco más de un año preso, luego de que el 6 de septiembre de 2020, un juez del Altiplano lo vinculó a proceso junto con tres personas más por los delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 58 millones 245 mil 848 pesos.

Redacción I Pachuca

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A un año de la detención de Gerardo S. C., expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), sus hijas están en la mira de las autoridades, pues hay órdenes de aprehensión giradas en su contra, además de que buscan descongelar sus cuentas bancarias.

El líder de Grupo Universidad fue asegurado el 31 de agosto de 2020, en Ciudad de México, por elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

Un mes después fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero por 58 millones 245 mil 948 pesos, dispersados a través de empresas fantasma, una de ellas llamada Contabilidad del Siglo XXI.

 

 

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