El Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas respondió que no hay nada qué aclarar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados, en relación con la sentencia en la que ordenó la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Iguala.

Los magistrados Juan Antonio Trejo Espinoza, Mauricio Fernández de la Mora y Héctor Gálvez Sánchez, integrantes del colegiado, declararon improcedente el recurso de aclaración de sentencia que promovieron el Ejecutivo y Legislativo para saber los alcances del fallo del pasado 31 de mayo.

“En relación a los planteamientos hechos valer en representación del Presidente de la República y de la Cámara de Diputados, en el sentido de que deben aclararse las acciones puntuales y procedimientos que deben realizar, ello no es materia de un trámite de aclaración de sentencia, que se constriñe a corregir posibles errores del documento, a fin de que concuerde con la sentencia, como acto jurídico decisorio, sin alterar su esencia.

“Este tribunal colegiado considera que no se surte algún supuesto de error, ambigüedad o contradicción en el documento que amerite su aclaración; por el solo hecho de que se haya ordenado hacer de su conocimiento el contenido de la ejecutoria de amparo”, resolvió ayer el tribunal.

Tanto en Ejecutivo como el Legislativo presentaron ese recurso de aclaración de sentencia porque en ella el colegiado pide girar instrucciones para la asignación presupuestaria de la Comisión de la Verdad.

Pero los magistrados dijeron que no es a ellos a quien tienen que acudir los dos Poderes de la Unión a plantear ese recurso, sino al Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas, quien debe ejecutar la sentencia sobre la creación de la citada comisión.

“Se estima que no debe existir duda sobre si a partir de la recepción del testimonio, por parte de este órgano colegiado, tuvieran que emprender alguna acción específica, pues es al Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, a quien compete, en la fase de ejecución de la sentencia protectora, dictar las determinaciones específicas”, señala.

En la solicitud que ahora se declara improcedente, el Ejecutivo y el Legislativo pidieron aclarar 21 puntos resolutivos de la sentencia del colegiado, relacionados con la asignación presupuestal, las indemnizaciones de 500 mil pesos que se sugieren otorgar a las familias de los 43 normalistas y la jurisprudencia y normatividad aplicable para la Comisión de la Verdad.

En su sesión de ayer, si bien dicen que no es procedente hacer las aclaraciones, los tres magistrados del colegiado puntualizan y reiteran jurisprudencias, protocolos y modelos legales en los que se debe basar la referida comisión.

Además de este recurso, está por resolverse otro que presentó la Procuraduría General de la República ante el Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas, en el que alega que existe “imposibilidad real, jurídica y material” para dar cumplimiento al amparo que ordena crear la Comisión de la Verdad del Caso Iguala.

El 21 de junio la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia aprobó un pronunciamiento unánime contra la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado Penal de Tamaulipas.

Los procuradores de justicia y fiscales del país se pronunciaron contra la sentencia por estimar que el tribunal que emitió el fallo no está facultado para instruir el establecimiento de un organismo de esa naturaleza.

Abel Barajas
Agencia Reforma