El fuego de la discordia en Venezuela se atizó aún más ayer. Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro busca terminar con el órgano legislativo.

Esto ocurrió luego de un fuerte despliegue policial y de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) que impidió la celebración de la habitual sesión semanal de la Asamblea Nacional, el Parlamento elegido en 2015 controlado por las fuerzas críticas con el chavismo y declarado en desacato por el régimen.

Los uniformados rodearon el recinto legislativo y cerraron el paso a los diputados, empleados y periodistas aduciendo motivos de seguridad por una supuesta alerta de bomba, que la Cámara calificó después como engaño.
Además, el Tribunal Supremo acusó a otros cuatro legisladores de traición a la patria, con lo que ya suman 14 los parlamentarios imputados tras la movilización opositora que buscaba sublevar a militares a finales de abril.

“Intentan secuestrar el Poder Legislativo mientras el dictador se atrinchera solo, en un palacio en el que no debe estar, sospechando de todos a su alrededor. Se vuelve a demostrar su miedo a la legitimidad de la Asamblea Nacional”, dijo.

“Hoy (ayer) se ocupó militarmente el palacio legislativo. Les queda perseguir y levantar inmunidades”, agregó Guaidó.

El Parlamento, presidido por Guaidó, hubiera tenido que debatir sobre la desaparición del número dos de esa institución, Edgar Zambrano, quien fue detenido la semana pasada por su participación en la operación que sacó a Leopoldo López de su arresto domiciliario.

Luego de que la oposición fallara en su intento de agrietar al sector militar, las fuerzas policiales aumentaron su presencia en el palacio legislativo y relevaron a los guardias nacionales asignados a su seguridad por sus supuestos vínculos con la denominada Operación Libertad. Ya el pasado martes, impidieron el acceso a la prensa en un clima de elevada tensión.

Ayer, forzaron la cancelación del Pleno con una explicación que la dirección de la Cámara no se cree porque los agentes no permitieron a su personal de seguridad entrar para comprobar la presencia de explosivos, además de que no bloquearon el tráfico en la zona ni el paso de transeúntes.

En cambio, más tarde, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente sí sesionó en el mismo lugar. Durante dicha sesión, los constituyentes acordaron el retiro de la inmunidad a los cuatro diputados acusados por el Supremo.

Staff I Agencia Reforma