El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro notificó ayer la primera suspensión definitiva para impedir que se cancele la línea de un usuario de telefonía celular que se niega a registrar sus datos personales y biométricos en el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).
La suspensión fue concedida en el amparo promovido por Oscar González Abundis, solo beneficia a esta persona, y, salvo que la revoque un tribunal colegiado, estará vigente durante todo el tiempo que llevará tramitar el juicio para aclarar si la entrega de datos al Panaut viola derechos humanos.
Esta y las demás suspensiones que Gómez Fierro otorgará en los próximos días, por tanto, no impedirán al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) expedir las disposiciones administrativas para la operación del Panaut, para lo cual tiene hasta octubre de este año.
Para quienes ya cuentan con una línea móvil, la reforma legal dio un plazo de dos años a las empresas para recabar los datos personales y biométricos, mismo que solo quedará interrumpido para quienes obtengan suspensiones.
El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) acordó este martes presentar una acción de inconstitucionalidad contra el Panaut ante la Suprema Corte de Justicia, y a diferencia de los amparos, esta demanda sí podría llevar a la invalidez con efectos generales del padrón, si 8 de los 11 ministros votan en ese sentido.
“La suspensión definitiva se concede para el efecto de que no se aplique al quejoso la obligación establecida en la norma reclamada consistente en registrar su línea telefónica móvil en el Panaut y, en consecuencia, no le sea cancelada por su falta de registro”, ordenó Gómez Fierro.
El juez reiteró argumentos que sostuvo al conceder a González la suspensión provisional la semana pasada, en el sentido de que el Código Nacional de Procedimientos Penales ya faculta a las fiscalías para recabar datos conservados y geolocalización de teléfonos celulares relacionados con delitos, incluso sin orden judicial.
“Si la finalidad de ese padrón es que exista una base de datos para el intercambio de información entre el IFT y las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia, en asuntos relacionados con la comisión de delitos, ello no quiere decir, que la sola vigencia de la norma provocará, en automático, la disminución de los delitos o, en su caso, que dichas autoridades puedan investigar delitos que antes no podían por la falta del Panaut”, explicó, para justificar que la suspensión no afecta el interés públicos.
El otro juez Especializado en Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza, está desechando los amparos que le han turnado, pues considera que la reforma legal para crear el PANAUT solo causará perjuicio a los usuarios hasta que el IFT emita las reglas para su operación.
Víctor Fuentes I Agencia Reforma
