En lo que constituye el golpe legislativo más fuerte al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la mayoría del bloque oficial, la oposición frenó la reforma eléctrica que pretendía fortalecer el monopolio de la CFE.
Sin merma y en una demostración de unidad, los diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano reunieron 223 votos para impedir que la iniciativa presidencial tuviera mayoría calificada e impidió la reforma constitucional en materia eléctrica.

El bloque de Morena, Partido Verde y PT logró 275 votos, y le faltaron más de 50 votos de distancia para una mayoría calificada.

Sobre la medianoche votaron 498 diputados presentes en la sesión.

La iniciativa, conocida como Ley Bartlett, se convirtió en la primera reforma constitucional rechazada a
un presidente.

La propuesta planteaba fortalecer el monopolio de la CFE, ratificaba la cancelación de contratos, limitaba la participación de la iniciativa privada en el sector eléctrico e incluía algunos cambios con los que la mayoría pretendía hacerse de votos del PRI, como la obligación de proponer un esquema tarifario encaminado a reducir costos.

El dictamen que Morena calificó como la votación más importante de esta Legislatura fue rechazado en medio de una fuerte confrontación, en donde salieron a relucir calificativos como corruptos, traidores, vende patrias y narcos.

La alianza Va por México sumó a la bancada de MC en contra de la reforma, la misma que por la mañana incorporó a sus filas al diputado Andrés Pintos, quien renunció al grupo parlamentario
del PVEM.

“Venimos a propinarles una derrota. La primera de tres, si continúan entregando iniciativas que reformen la Constitución para beneficio de los poderosos y no del pueblo”, dijo el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, en alusión a las tres reformas constitucionales prioritarias anunciadas por el jefe del Ejecutivo federal.
En respuesta, el coordinador de Morena se lanzó en contra del líder tricolor, a quien acusó de defender
“sus moches”.

El priista Ildefonso Guajardo reiteró que, contrario a lo que la mayoría afirma, la reforma sí implicaría violaciones al T-MEC y el país habría pagado las consecuencias.

Entre ellas, dijo, se encuentran los arbitrajes internacionales que podrían costarle a México más de 36 mil millones de dólares, así como los paneles de inversionistas, como al que México recurrió contra EU en el tema del transporte y que le podrían dar al Estado afectado el derecho a imponer aranceles a las exportaciones nacionales.

Martha Martínez y Claudia Salazar
Agencia Reforma