Un tribunal federal canceló, por falta de fundamentación, el proceso iniciado a una excolaboradora de Rosario Robles en la Sedesol, por una supuesta contratación ilegal de 400 millones de pesos, en el caso conocido como la Estafa Maestra.

La magistrada Isabel Porras, titular del Tercer Tribunal Unitario Penal en Ciudad de México, revocó la vinculación a proceso dictada a Martha Lidia Montoya, exdirectora de Recursos Financieros de la Sedesol, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Si bien esta resolución se basa en que la Fiscalía General de la República (FGR) no precisa la normativa aparentemente violentada, la magistrada aclara que puede subsanar la deficiencia y volver a presentar la imputación contra Montoya.

Por ahora, es el primer caso de la Estafa Maestra que es echado abajo en instancias de alzada, ya que antes solo se habían dictado dos no vinculaciones a proceso pero en primera instancia, es decir, por fallos de jueces de control.

Montoya, sin embargo, tiene otro proceso en curso por pagar 7.8 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Chiapas, en un contrato para conformar los comités comunitarios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, cuyo presupuesto mínimo fue de 60.9 millones de pesos.

En el caso que ahora acaba de librar, la magistrada Porras argumenta que la FGR no formuló la imputación contra Montoya de manera correcta, pues no especificó los apartados del Manual de Organización de la Sedesol que le conferían la facultad de disponer de fondos públicos y por qué dicho manual era aplicable a las funciones que desempeñaba.

“De igual modo, no precisó la ley en la que se prevén las funciones y facultades de la justiciable, así como de qué manera se contravino lo regulado en dicha norma. Soslayó indicar en qué ley se contempla la obligación impuesta a la imputada a efecto de recabar algún tipo de documentación, así como la forma en que debió realizar el pago que se le atribuyó”, dice la sentencia.

El fallo también canceló las medidas cautelares impuestas a Montoya desde el 11 de noviembre de 2019, que consisten en presentarse cada 15 días ante las autoridades, la prohibición de salir del país y el pago de una garantía de 70 mil pesos, dinero que le será devuelto.

Abel Barajas I Agencia Reforma