Convocan a elegir nuevo miembro anticorrupción
 
Hace (21) meses
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Foto: Juan Martínez

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El Congreso local aprobó, con 22 votos a favor, la convocatoria pública para elegir al nuevo integrante de la Comisión de Selección para el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo (SEAH), luego de que Estephany Gómez Ramírez renunciara a su cargo.

El documento, previamente admitido de manera unánime por los integrantes de la Junta de Gobierno, está dirigido a las organizaciones civiles hidalguenses que estén especializadas en materia de fiscalización, rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

La Comisión de Selección está integrada por nueve personas, de las cuales cinco son individuos que se desempeñan en el ámbito académico y cuatro están adscritos a diversas organizaciones de la sociedad civil.

Dicho organismo está facultado para nombrar un miembro de la ciudadanía para integrar el CPC del SEAH, procedimiento que se realiza anualmente; la actual administración lo hizo durante tres años desde 2020 y culminarán sus funciones en 2023.

Según la página de la Comisión de Selección, el secretario general actual es Alberto Paredes Dueñas, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, mientras que el vocero es Víctor Arroyo López, de la asociación Brazos Firmes.

Por parte de la comunidad académica se encuentran Irma Canales Granillo, Yolanda Marysol Escorza Sánchez, Rafael Ordóñez Gutiérrez, Maximiliano Gracia Hernández y César Ángel López Torres.

Irving Cruz | Pachuca

Derivado de la revisión a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021, en su primera entrega, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) determinó que 32 entes públicos tienen pendientes de aclarar el destino de 10 millones 513 mil 2.76 pesos.

De dicho monto, 5 millones 410 mil 630.17 pesos corresponden al sector paraestatal y organismos autónomos; asimismo, 4 millones 344 mil 509.45 pesos, a ayuntamientos, y 757 mil 863.13 pesos, a institutos descentralizados municipales.

La fiscalización incluye la revisión de 32 entes: 11 del sector paraestatal y organismos autónomos, así como seis alcaldías y 15 instituciones descentralizadas municipales.

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